Este martes, la CONAIE solicitó detener sin demora el avance del proyecto de Ley de Área Protegidas en la Asamblea Nacional, argumentando que la propuesta amenaza tierras ancestrales y omite la consulta previa, libre e informada.
La organización denuncia que el texto favorece la privatización encubierta de más de 7 millones de hectáreas gestionadas tradicionalmente por pueblos indígenas, poniendo en riesgo sus derechos ambientales, culturales y territoriales.
Representantes de la CONAIE advierten que este proyecto viola el artículo 57.17 de la Constitución, así como acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, al omitir la consulta prelegislativa.
El lunes 7 de julio, la Comisión de Desarrollo Económico postergó la aprobación del informe para dar lugar al debate en segundo debate, pero la CONAIE insiste en su paralización inmediata.
Más de una decena de organizaciones indígenas y ambientales, incluyendo Amazon Frontlines y Fundación Cóndor Andino, han emitido comunicados señalando que el proyecto ignora a los pueblos originarios y abre la puerta a despojos territoriales.
La preocupación central es que, mientras el Ejecutivo justifica la ley como una herramienta urgente para reactivar y financiar las áreas protegidas, la propuesta no reconoce ni respeta la gestión comunitaria ni los modos de vida ancestrales.
Con la consulta previa ausente y el plazo de 30 días para debate activo, la CONAIE advierte que, de seguir sin modificaciones estructurales, recurrirá a instancias nacionales e internacionales para frenar una normativa que llaman inconstitucional y peligrosa.