La Corte Constitucional ha recibido 18 demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante los primeros meses del gobierno de Daniel Noboa, dos de ellas con carácter económico urgente. Las impugnaciones se concentran en la Ley de Integridad Pública, con 11 demandas; la Ley de Solidaridad Nacional, con 6; y la Ley de Inteligencia, con una. Solo entre el 7 y el 9 de julio se presentaron ocho nuevas acciones legales.
Entre los demandantes se encuentran organizaciones sindicales, gremios académicos, colectivos sociales, abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos. Figuran entidades como el Parlamento Laboral Ecuatoriano, la Federación Nacional de Servidores Universitarios del Ecuador y el Colegio de Abogados de Pichincha. Los cuestionamientos se centran en posibles vulneraciones a la autonomía universitaria, la libertad sindical, la intimidad y el debido proceso.
La Ley de Solidaridad ha sido criticada por introducir reformas tributarias sin un análisis económico suficiente, lo que podría afectar de igual manera a personas con ingresos bajos, medios y altos. Según los demandantes, esto iría en contra del principio de progresividad fiscal. En el caso de la Ley de Inteligencia, se cuestiona el riesgo de violaciones a la privacidad y al debido proceso.
Este escenario legal ocurre en medio de un clima de creciente malestar social. Diversos sectores de trabajadores públicos, sindicatos y estudiantes han convocado movilizaciones para exigir que la Corte declare la inconstitucionalidad de las reformas. Además, la Cámara de Minería del Ecuador presentó una demanda contra la resolución que fija la Tasa de Supervisión y Control Minero, que ya suma tres acciones en su contra. Aunque aún no hay fechas para la resolución de fondo, los jueces sorteados ya han iniciado el trámite de admisibilidad.