La tensión judicial se intensifica en Ecuador tras nuevas revelaciones en torno a Fabián Fabara Gallardo, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien recientemente autorizó el sorteo de una Declaración Preliminar de Jurisdicción contra la jueza Nubia Yineth Vera Cedeño. La medida, formalizada mediante el Oficio N.° 418-2024-PCPJP-LJ el 20 de diciembre de 2024, está bajo un nuevo debate en medio de acusaciones de interferencia política.
Según un memorando interno filtrado y publicaciones en redes sociales de observadores políticos, como Álvaro Martín, el sorteo —ordenado tan solo un día después de la revisión oficial del caso de la jueza Vera— coincide con una reunión privada entre Fabara y Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, y quien según los correístas está vinculado al gobierno de Noboa. Los críticos argumentan que esto podría sugerir una coordinación destinada a consolidar el control sobre el poder judicial.
El caso se refiere a un procedimiento disciplinario (Expediente n.° 17001-2024-1540-D) contra la juez Vera, quien prestaba servicios en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del sector Mariscal Sucre de Quito. La denuncia disciplinaria surge de una acción de protección (n.° 17203-2023-05119) bajo jurisdicción constitucional e incluye 34 anexos, todos remitidos para su asignación judicial aleatoria.
La decisión de Fabara es destacable por sus implicaciones procesales, y por su destacada posición en la recién presentada terna para un puesto en el Consejo de la Judicatura, respaldada por la alianza gobernante ADN. De este modo, se cuestiona si su participación en esta acción jurisdiccional entra en conflicto con sus aspiraciones a un cargo judicial superior, especialmente cuando el proceso de selección está en curso en la Asamblea Nacional.