El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) convocó una sesión extraordinaria para este sábado 12 de julio, tras recibir las renuncias de dos candidatos incluidos en las ternas para renovar el Consejo de la Judicatura.
Las dimisiones provienen de Andrés Jaramillo Martínez, nominado por el Ejecutivo, quien renunció por conflicto de interés —su hermano es asambleísta en Imbabura—, y Walter López Endara, propuesto por la Asamblea Nacional, que abandona su aspiración tras asumir el rol de asambleísta suplente por la misma provincia.
La situación agrava el estancamiento de más de seis meses en la renovación del órgano que regula a jueces y fiscales. Aunque otras funciones del Estado ya presentaron ternas, el Ejecutivo retrasó reiteradamente la suya, mientras la Asamblea también sometió su lista a impugnaciones.
En junio, el CPCCS devolvió la ternas de la Corte Nacional de Justicia por una incompatibilidad en uno de los postulantes. Aunque la Corte incluyó a Mario Godoy —actual presidente de la Judicatura—, el proceso quedó incompleto ante la nueva renuncia del juez Marco Rodríguez.
A esto se suma que Santiago Valarezo, propuesto por la Defensoría Pública, también abandonó su candidatura, y la bancada oficialista ADN anuló la terna anterior aprobada por correístas y PSC, para presentar otra.
Actualmente, solo la terna de la Fiscalía, integrada por Magaly Camila Ruiz Cajas, Nicolás Burneo Arias y Estuardo Salvador Salvador, permanece intacta, lo que deja al órgano en constante riesgo de operar con quórum mínimo.
Mientras tanto, la Judicatura mantiene varias funciones pendientes: designación de jueces titulares, concursos suspendidos desde noviembre, implementación de unidades especializadas en derecho constitucional y preparación de jueces anticorrupción, todas atrasadas pese a los plazos superados.
Los cinco vocales del Consejo de la Judicatura son seleccionados a partir de cinco ternas remitidas por distintas funciones del Estado: la Corte Nacional de Justicia, en calidad de presidente nato del organismo; la Fiscalía General del Estado; la Defensoría Pública; la Función Ejecutiva; y la Asamblea Nacional.