Este jueves 17 de julio, el Viceministerio de Electricidad experimenta una reestructuración tras la renuncia de Fabián Calero, en medio de la creciente controversia sobre los contratos multimillonarios adjudicados a Progen y Austral. Calero, quien anteriormente se desempeñaba como gerente de CELEC durante la vigencia de los acuerdos, deja su cargo ante la intensificación de acusaciones por las conclusiones de la Contraloría.
La auditoría de la Contraloría revela que se otorgaron contratos de emergencia por valor de $149 millones sin la debida licitación, permisos ambientales ni garantías técnicas. Las acusaciones incluyen certificaciones falsificadas, especificaciones de equipos no compatibles y pagos anticipados antes de la entrega del proyecto.
Específicamente, Calero está implicado en la autorización de estos contratos de emergencia en junio de 2024 mientras supervisaba CELEC. Los contratos implicaban la instalación de centrales eléctricas en Quevedo y Salitral, pero siguen sin operar y ahora están sujetos a investigación penal.
La ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó la destitución de Calero, reconociendo que él y otros altos funcionarios vinculados a los contratos «ya no acompañan» al Ministerio. Rafael Pullupaxi, exsubdirector de Distribución Eléctrica, asume las funciones de Calero de forma interina.
El escándalo ha tenido repercusiones internacionales, pues Progen ha iniciado un proceso de arbitraje contra el Estado, mientras que las autoridades ecuatorianas buscan reparación legal. La red de irregularidades, que abarca desde licitaciones no documentadas hasta fallas en los generadores, ha minado gravemente la confianza pública en el sector energético.
Expertos del sector advierten que estos contratos pretendían remediar un déficit energético inminente en 2025. Sin embargo, las fallas en la debida diligencia y la rendición de cuentas ahora amenazan la fiabilidad del suministro eléctrico nacional, especialmente durante la próxima temporada seca. La salida de Calero supone la primera baja de alto nivel en lo que podría convertirse en una purga de funcionarios vinculados al escándalo.