La administración del presidente de Argentina, Javier Milei, ha iniciado el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el proveedor público de agua y alcantarillado que atiende a 3,8 millones de hogares en Buenos Aires y sus suburbios. Bajo este esquema, el 90% de las acciones de AySA serán transferidas a inversionistas privados a través de un proceso de licitación nacional e internacional, quedando el 10% bajo control de los empleados.
La decisión se produce tras dieciocho meses de reformas que llevaron a AySA de pérdidas operativas a un superávit significativo en 2024. Sin embargo, implicaron fuertes aumentos de tarifas y reducciones de personal: la plantilla se redujo de 7.800 a aproximadamente 6.400. El equipo de Milei afirma que la medida modernizará la infraestructura, mejorará la calidad del servicio y aliviará la carga sobre las arcas estatales, pero los críticos advierten sobre posibles aumentos de tarifas y una menor rendición de cuentas pública.
Las modificaciones legales mediante decretos ejecutivos facilitarán la transferencia de acciones y los cambios regulatorios necesarios para la privatización. Las licitaciones formales se lanzarán a finales de 2025 y la adjudicación final se espera para mediados de 2026. Se están estableciendo paralelismos históricos con la privatización de Obras Sanitarias en 1993, que generó un descontento generalizado y su posterior renacionalización.
La administración de Milei argumenta que el modelo combina la eficiencia del capital privado con los derechos de propiedad de los empleados, a la vez que reduce la sangría fiscal. Según informes, AySA requirió US$13.400 millones en subsidios estatales entre 2006 y 2023. El portavoz del presidente describió la reforma como esencial para acabar con la dependencia del Estado y corregir la mala gestión financiera de la empresa.
Sin embargo, la sociedad civil y los analistas económicos advierten que la privatización podría ser contraproducente. Destacan los fracasos pasados durante la privatización de la era Menem, donde la calidad del servicio se vio afectada, la infraestructura se deterioró y los consumidores soportaron costos crecientes debido a la débil regulación.
Los mercados financieros ya han reaccionado positivamente a la agenda de privatización más amplia de Milei, con la recuperación del valor de los bonos de AySA. Sin embargo, los economistas advierten que, sin una supervisión regulatoria sólida, los usuarios podrían enfrentarse a tarifas más altas y una prestación de servicios deficiente a cambio de la ayuda fiscal.
Mientras Argentina se embarca en la venta más audaz de una empresa de servicios públicos en décadas, las partes interesadas, desde sindicatos hasta grupos ambientalistas, se preparan para lo que podría ser un momento decisivo en la trayectoria económica del país, uno que podría marcar el comienzo de la renovación de la infraestructura o replicar los problemas de las privatizaciones pasadas.