El controvertido caso de distribución administrativa de hospitales, considerado durante mucho tiempo un símbolo de corrupción política durante la pandemia, resurge en la Asamblea Nacional. Los legisladores de la Revolución Ciudadana, reabrieron la investigación justo cuando el país enfrenta una creciente presión para abordar las continuas fallas en su sistema de salud pública. En el centro del renovado debate se encuentra el presunto uso político de los hospitales públicos como moneda de cambio durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, una estrategia que, según los críticos, fomentó el caos y profundizó el número de muertes por la pandemia.
El caso involucra acusaciones de que altos funcionarios del gobierno, incluyendo a la entonces ministra María Paula Romo y al exasambleísta Daniel Mendoza, orquestaron la asignación de hospitales a legisladores leales a cambio de apoyo político. Uno de los ejemplos más citados es el Hospital Alfredo Noboa en Guaranda, presuntamente entregado al asambleísta Fafo Gavilánez como parte de este acuerdo. Los opositores argumentan que estas prácticas provocaron inestabilidad administrativa, mala gestión de recursos y un sistema de salud mal preparado para la crisis de la COVID-19.
Foto: Cortesía La Posta.
El expresidente Rafael Correa vuelve a ser el centro del debate público, acusando al Gobierno actual y a sus aliados de justicia selectiva. En sus últimas declaraciones, critica a María Paula Romo y a Lenín Moreno por permitir el florecimiento de la red de distribución hospitalaria mientras otros, como Jorge Glas y Carlos Bernal, reciben fuertes condenas de prisión por obras públicas no relacionadas. Correa argumenta que los verdaderos crímenes —aquellos que costaron vidas durante la pandemia— permanecen impunes para la Fiscalía.
Para echar más leña al fuego, varias figuras políticas en redes sociales han señalado al exsecretario anticorrupción y actual ministro de Gobierno, José De la Gasca, cuyo nombre está vinculado a la inacción pasada en este tema. Los correístas destacan su silencio durante el escándalo original de la distribución hospitalaria y lo contrastan con su rol actual investigando filtraciones de teléfonos celulares no relacionadas. Esta contradicción ha generado indignación pública, y la ciudadanía exige que las investigaciones prioricen la presunta corrupción que paralizó la respuesta nacional a la pandemia.
El debate reavivado también pone de relieve la persistente desconexión entre la clase política y las demandas de salud pública. Con los servicios de diálisis amenazados, la escasez nacional de trasplantes de órganos y la escasez generalizada de personal en los hospitales rurales, los grupos de defensa de los pacientes instan a los legisladores a dejar de usar los problemas de salud como arma política. La Alianza Nacional de Salud, incluso ha exigido que el Gobierno declare una emergencia sanitaria nacional y se comprometa a una transparencia total respecto a la mala gestión pasada.
En la Asamblea, los legisladores de la oposición piden una nueva comisión especial para reabrir los testimonios de figuras como Daniel Mendoza y acceder a documentos previamente confidenciales. Insisten en que no se ha escuchado a testigos importantes y que la Fiscalía debe rendir cuentas por no haber investigado el caso en 2020 y 2021. Algunos también piden que se supervise cómo se designó a los exdirectores de hospitales y qué vínculos tenían con actores políticos, en donde estaría involucrado el actual presidente de la Comisión de Fiscalización Ferdinan Alvarez.