La Knéset israelí aprobó por abrumadora mayoría una moción no vinculante para anexar Cisjordania —a la que los legisladores se refieren como Judea, Samaria y el Valle del Jordán— en una votación de 71 a 13. Si bien la resolución carece de fuerza legal, los parlamentarios insisten en que indica la intención de aplicar la plena soberanía israelí sobre los territorios ocupados.
Esta medida se produce en medio de una crisis humanitaria cada vez más intensa en Gaza, donde agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de ayuda, advierten sobre condiciones cercanas a la hambruna y cierres hospitalarios generalizados. La población civil de Gaza se ha desplomado debido a los continuos ataques aéreos y bloqueos, con de decenas de miles de víctimas.
La agenda de anexión se considera una maniobra política de la coalición derechista del primer ministro Netanyahu, que incluye figuras de extrema derecha como Smotrich y Rothman, diseñada para integrar aún más la expansión de los asentamientos en el marco político israelí.
Los líderes palestinos denuncian la votación como una escalada catastrófica que socava cualquier posibilidad de una solución de dos Estados. Hussein al-Sheikh, un alto funcionario de la Autoridad Palestina, acusa a Israel de organizar un ataque contra los derechos palestinos e insta a la intervención internacional mediante el reconocimiento del Estado palestino.
Sobre el terreno, las comunidades palestinas de Cisjordania informan de un fuerte aumento de la violencia de los colonos y las operaciones militares. Más de 40.000 palestinos han sido desplazados por las recientes incursiones en zonas como Yenín y Tulkarem, y los residentes describen su difícil situación como un escenario de «segunda Gaza».
En tanto, más de 50 exdiplomáticos del Reino Unido y figuras internacionales de alto rango instan a sus Gobiernos a reconocer oficialmente a Palestina e imponer sanciones, condenando las acciones de Israel como ilegales por contribuir a un genocidio generalizado.