La empresa familiar del presidente Daniel Noboa, Exportadora Bananera Noboa S.A., vio una drástica reducción en sus obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas del Ecuador durante el fin de semana. La obligación se redujo de aproximadamente $98 millones al viernes 25 de julio de 2025 a poco más de $21.8 millones al domingo 27 de julio, según los listados de deuda pública.
La drástica reducción de aproximadamente $76 millones en deuda tributaria se atribuyó a las disposiciones de la recién promulgada Ley de Integridad Pública, que permitieron la condonación de intereses devengados, multas y recargos. Los opositores señalaron que el lugar de la empresa en el ranking del SRI de los principales morosos se desplomó, pasando de liderarlo a ser eliminada por completo de los diez primeros.
Observadores y figuras de la oposición cuestionaron el momento y la mecánica de la reducción de la deuda. En las redes sociales, se denunciaba que mientras miles de ecuatorianos enfrentan despidos y dificultades, la deuda de la empresa familiar de Noboa experimentó una condonación legal, aparentemente otorgada bajo los términos del partido oficialista ADN.
La Ley de Integridad Pública fue aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio y promulgada por el presidente Noboa el 25 de junio de 2025. La ley, impulsada por el Gobierno, incluía beneficios financieros controvertidos, como amplios privilegios de condonación de impuestos, junto con reformas a las contrataciones públicas y la supervisión ejecutiva.
Expertos en ética pública y corrupción expresaron su preocupación por el hecho de que la misma legislación que pretendía frenar la corrupción también permitiera exenciones para las élites. Argumentaron que, si bien su objetivo era agilizar los trámites burocráticos y reforzar la transparencia, las cláusulas fiscales de la ley otorgaban alivios selectivos a favor de corporaciones con buenas conexiones.
Tras el ajuste de la deuda, numerosos grupos de la sociedad civil, asambleístas de la Revolución Ciudadana y organizaciones de control exigieron total transparencia al Gobierno respecto a la interpretación y aplicación legal de las disposiciones de condonación de la Ley de Integridad. Afirmaron que el episodio pone de relieve la desigualdad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Ecuador.
En última instancia, la abrupta desaparición de una gran parte de la deuda de la empresa de la familia Noboa desencadenó un debate sobre la rendición de cuentas, la equidad y las salvaguardias institucionales destinadas a prevenir conflictos de intereses en la gobernanza y la política económica.