El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se ha enfrentado a la Prefectura del Guayas tras la suspensión de la construcción del paso elevado en Los Ceibos, acusando a la prefecta Marcela Aguiñaga de violar la Constitución y cometer una falta administrativa. Según Álvarez, la decisión tomada por la Prefectura responde más a intereses políticos que a criterios técnicos y jurídicos.
David Norero, coordinador legal del Municipio, calificó la resolución como «preocupante» y afirmó que carece de fundamento legal. En una rueda de prensa, Norero cuestionó la falta de motivación en la suspensión, señalando que no existen pruebas técnicas ni jurídicas que justifiquen la paralización de la obra, la cual ya contaba con un registro ambiental otorgado por la propia Prefectura del Guayas.
El Municipio de Guayaquil defendió la validez del registro ambiental, argumentando que dicho documento otorga derechos legales para la ejecución de la obra. Norero comparó esta situación con otras obras previas en la ciudad, como los puentes en la avenida de las Américas y Juan Tanca Marengo, que también utilizaron certificados ambientales sin la necesidad de una nueva licencia, como se está exigiendo ahora.
Además, el coordinador legal del municipio subrayó que la suspensión de la obra está afectando los derechos adquiridos, como los contratos firmados y los pagos anticipados. Aseguró que la decisión de la Prefectura es contradictoria, ya que la obra ya estaba en ejecución y con obligaciones legales y económicas en curso. “¿Cómo pueden ahora revisar el permiso cuando ya emitieron el registro ambiental?”, cuestionó.
En cuanto a las preocupaciones sobre el impacto ambiental, Norero descartó que la obra afecte el ecosistema del bosque seco en Los Ceibos. Según él, la construcción se realiza sobre áreas urbanizadas, sin tocar bosques ni ríos. A pesar de las diferencias, el Municipio cumplirá con los plazos legales para presentar sus descargos y, de ser necesario, evaluará acciones legales ante el Tribunal Contencioso Administrativo y otras instancias para impugnar la medida.
