La jueza Alejandra Cárdenas es la responsable de revisar, hasta el 26 de agosto, si la reforma constitucional enviada por la Asamblea Nacional se ajusta a la normativa vigente.
En medio del impulso del presidente Daniel Noboa por reformar parcialmente la Constitución, la propuesta relacionada con la presencia de bases militares extranjeras se acerca a una eventual consulta popular. El 29 de julio, la jueza Cárdenas avocó conocimiento del proceso.
Desde entonces, conforme a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional dispone de 20 días para pronunciarse sobre el texto que podría ir a referendo. Si hasta el 26 de agosto no hay un dictamen del pleno, se considerará aprobado por el silencio constitucional.
En ese caso, comenzarán a contarse los plazos para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organice la votación, como ya ha ocurrido en consultas anteriores: 15 días para convocar a la ciudadanía y un máximo de 60 días para ejecutar el proceso.
No obstante, el propio presidente anunció a inicios de julio que el referendo, en el cual los ecuatorianos decidirán sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país, se realizaría “a finales de año”.
La Constitución vigente, aprobada en 2008, prohíbe el establecimiento de bases o instalaciones extranjeras con fines militares, así como la entrega de instalaciones nacionales a fuerzas internacionales.
Pese a ello, ante la creciente inseguridad y en el marco de su campaña de reelección, Noboa volvió a poner sobre la mesa el recuerdo de la Base de Manta, una instalación estadounidense que operó en Ecuador por una década.
En septiembre de 2024, el mandatario afirmó que la salida de los estadounidenses del país “fue el primer pacto con el crimen transnacional”. Y, sin mencionar directamente al correísmo, señaló que “repartieron el país a las mafias con una falsa noción de soberanía”.
Por esa razón, el 17 de octubre de 2024, Noboa remitió su propuesta a la Asamblea, luego de que la Corte Constitucional determinara que la modificación del artículo 5 de la Carta Magna podía ser tramitada por el Legislativo, con posterior validación ciudadana mediante referendo.
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