El presidente Daniel Noboa presentó hoy una pregunta para consulta popular, en donde se solicita a la ciudadanía el juicio político formal, contra los jueces de la Corte Constitucional, después de que esta suspendiera parcialmente varias leyes que él promovió recientemente. La disputa se centra en medidas promulgadas durante su administración, como la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, todas las cuales la Corte ha declarado inconstitucionales en ciertos artículos.
La petición de Noboa, dirige la acusación contra la Corte Constitucional, por supuestamente extralimitarse en su mandato, y socavar la autoridad del Gobierno para combatir el creciente crimen organizado. Su solicitud busca una revisión judicial, y una sanción política contra la propia Corte, una medida inusual y muy controvertida en la historia ecuatoriana.
En junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, que otorgaba amplios poderes presidenciales para declarar un «conflicto armado interno» contra las bandas criminales y desplegar respuestas de nivel militar. Poco después, la Ley de Inteligencia creó nuevas autoridades para la vigilancia y el uso de la fuerza, mientras que la Ley de Integridad Pública introdujo cambios drásticos en la justicia juvenil y la disciplina del servicio civil. Human Rights Watch y otros organismos de control advierten que estas leyes limitan gravemente el debido proceso, los derechos de los niños y las protecciones de los trabajadores.
El 2 y 3 de agosto, la Corte Constitucional resolvió suspender artículos fundamentales de las tres leyes, alegando violaciones de las garantías constitucionales. La Corte destaca en particular, la ausencia de criterios claros para declarar el Estado de conflicto armado, y la posibilidad de vigilancia y sentencias arbitrarias, que afectan especialmente a niños y empleados públicos.
En respuesta, el Presidente enmarca la acción de la Corte como un obstáculo para las urgentes reformas de seguridad. Enfatiza que Ecuador enfrenta una creciente violencia causada por el crimen organizado y que estas leyes fueron herramientas esenciales. Noboa acusa a la Corte de propiciar la impunidad al bloquear las respuestas gubernamentales justo cuando más se necesitan.
Por otro lado, la sociedad civil, los sindicatos y los grupos indígenas condenan las políticas del Gobierno. Los sindicatos prometieron emprender acciones legales por los despidos masivos de 5.000 empleados públicos bajo la nueva Ley de Integridad, calificándolos de arbitrarios y perjudiciales para los derechos laborales. Los grupos indígenas, si bien no están directamente vinculados a estas leyes específicas, consideran el conjunto de reformas —como se ve en la abolición del Ministerio de Medio Ambiente y las propuestas que limitan a las ONG— como una amenaza para las protecciones constitucionales y los derechos de las minorías.
De este modo, Noboa incentiva desde ya la campaña por el Sí, en todas sus preguntas, para así avanzar formalmente con el juicio político de la Corte Constitucional, para según él, defender su deber de respetar los límites constitucionales. El conflicto en curso expone profundas fisuras en el equilibrio de la seguridad, los derechos y la autoridad institucional en la democracia en desarrollo de Ecuador, pues desde el correísmo, ya han denunciado las preguntas que el mandatario plantea.