La tensión política en Ecuador se intensifica tras la votación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para proceder con el juicio político contra Solanda Goyes, miembro del Consejo de la Judicatura. Con seis votos a favor y cuatro abstenciones, la Comisión acusa a Goyes de presunto incumplimiento en su función de supervisión del poder judicial. Goyes denuncia el proceso como una represalia política y advierte que la medida amenaza tanto el orden jurídico como las instituciones democráticas.
Goyes defiende firmemente sus 17 meses en el cargo, insistiendo en que ha cumplido con sus deberes constitucionales y ha tomado medidas decisivas para abordar la creciente crisis judicial de Ecuador. Cita el desarrollo de más de una docena de proyectos de reforma, incluyendo concursos para cubrir vacantes críticas en la Corte Nacional, donde solo diez de las 21 plazas de jueces están actualmente ocupadas. También hace referencia a la implementación de más de 70 evaluaciones judiciales y a una consulta histórica liderada por el presidente Daniel Noboa en 2024, cuyo objetivo era reestructurar garantías judiciales indispensables.
Un elemento central de la acusación es una regulación a la que Goyes se opuso durante una sesión del Consejo de la Judicatura en abril de 2025. Su negativa a apoyarla, argumenta, no constituyó un incumplimiento del deber, sino una postura de principios que defendía el espíritu del referéndum de 2024. Dicho referéndum, aprobado por los votantes, dispuso la creación de unidades especializadas dentro del poder judicial para salvaguardar los derechos constitucionales. Según Goyes, la regulación en cuestión carecía de disposiciones sobre especialización, corría el riesgo de nulidad judicial e ignoraba la paridad y los nombramientos basados en el mérito, aspectos que ella luchó por incluir en una versión revisada que finalmente se adoptó.
Goyes afirma que su oposición a la regulación defectuosa fue precisamente el acto que evitó una violación constitucional. «Mientras algunos fingen defender la legalidad, yo actué precisamente para defenderla», declara en una carta pública. Su carta, que ya ha circulado ampliamente en redes sociales, argumenta que castigarla por defender el debido proceso constituye un atentado contra el Estado de derecho. Confirma que asistirá a la sesión plenaria de la Asamblea y aprovechará su presencia para exponer lo que ella llama «la verdad que se les niega a los legisladores».
Muchos especialistas consideran que la decisión de procesar a Goyes, forma parte de una tendencia dentro del Gobierno liderado por ADN, para debilitar la independencia institucional. La opinión pública, denuncia al presidente Noboa y a sus aliados en la legislatura, de atacar a los funcionarios que se resisten a la interferencia política.
Algunos advierten que el Consejo de la Judicatura, con el trabajo de Goyes, ha carecido de transparencia y no ha satisfecho las urgentes necesidades de personal. Otros defienden su liderazgo, argumentando que se la está utilizando como chivo expiatorio de problemas sistémicos arraigados en la falta de financiación y la interferencia política.