Kenny Alberto Barberán Arellano desempeñó funciones en la Asamblea Nacional mientras mantenía un contrato vigente con el Estado, situación que está prohibida por la ley. Esta irregularidad quedó evidenciada en las plataformas de transparencia de diversas instituciones públicas.
Barberán trabajó como asistente de la asambleísta Diana Blacio Carrión, representante de la provincia de El Oro y miembro de la bancada ADN. Según registros de la Contraloría, su labor en el Legislativo se extendió desde el 14 de mayo de 2025 hasta el 5 de agosto del mismo año.
Por otro lado, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) revela que el 13 de junio de 2025 Barberán firmó un contrato con el Municipio de Pasaje, en El Oro, para ejecutar una estrategia comunicacional y campañas publicitarias por un monto de 53.200 dólares. Esta acción contraviene lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con el Estado.
En respuesta a esta situación, la asambleísta Diana Blacio manifestó desconocer el contrato y decidió despedir a Barberán de su equipo el 5 de agosto de 2025. Además, se sabe que Barberán cuenta con un patrimonio declarado de 91.710 dólares y que en años anteriores trabajó para la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala.