Afirmó que este organismo «no es un enemigo político», aunque consideró que ha llegado a convertirse en «un enemigo de la ciudadanía».
Una de las siete preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para la próxima consulta popular y referendo propone que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser juzgados políticamente como cualquier otra autoridad.
Esta propuesta ha generado polémica, especialmente por el momento en que fue presentada: un día antes, la Corte Constitucional había suspendido de manera provisional varios artículos de leyes impulsadas por el oficialismo, ADN.
Durante una entrevista en un canal de televisión, el 6 de agosto de 2025, la ministra Rovira rechazó que la pregunta tenga como fin tomar represalias contra el organismo. «De ninguna manera», afirmó, negando que se trate de una retaliación política.
A pesar de ello, Rovira sostuvo sus críticas y dijo: «La Corte Constitucional le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la policía, a los militares. No estamos para puntos medios».
«Para nosotros, (la Corte Constitucional) no es un enemigo político, pasa a ser un enemigo de la ciudadanía», enfatizó.
Tanto Rovira como el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, han expresado fuertes cuestionamientos hacia la Corte, especialmente después de que admitiera a trámite demandas contra tres leyes recientemente aprobadas.
La ministra también indicó que el Ejecutivo enviará próximamente a la Corte el paquete completo de preguntas para la consulta popular y el referendo, programados para finales de 2025.
Asimismo, señaló que no se descarta incluir nuevas preguntas, dependiendo de cómo responda la Corte Constitucional.
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