La Corte Constitucional del Ecuador (CCE) ha emitido los dictámenes que establecen el procedimiento que debe seguirse para viabilizar las preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa en su nueva consulta popular. Según dictámenes previos del organismo, no todas las preguntas pueden ir directamente a consulta, y algunas requieren reformas constitucionales o enmiendas previas.
En el caso de la pregunta sobre permitir bases militares extranjeras en el país, la Corte recuerda que, conforme al Dictamen No. 5-24-RC/24, esta debe ser enviada para un nuevo análisis de constitucionalidad y solo podrá someterse a un referéndum, si se aprueba. La Corte tendría 20 días para pronunciarse una vez que reciba oficialmente el texto.
Respecto a la eliminación del financiamiento público a partidos y movimientos políticos, esta debe ser primero aprobada por la Asamblea Nacional en dos debates, ya que implica una reforma constitucional. Solo después, el Presidente podrá someterla a consulta popular, conforme al Dictamen No. 6-24-RC/24.
Las preguntas más polémicas, como la eliminación del CPCCS y el control político de los jueces de la Corte, también deberían seguir procesos específicos. La primera requiere una reforma parcial de la Constitución, y la segunda, de igual manera, debe tramitarse como reforma parcial. En cambio, la transferencia de funciones del CPCCS a la Asamblea Nacional y la propuesta de trabajo por horas exigen una enmienda constitucional.
Sobre la reducción del número de asambleístas, la Corte ratificó que esta también debe tratarse como una reforma parcial, lo que implica que debe pasar por la Asamblea Nacional antes de ser consultada al pueblo. Este procedimiento está respaldado en el Dictamen No. 4-19-RC/19.
Una de las propuestas más controversiales ha sido la posible reapertura de casinos en el país. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido clara: ya ha rechazado en múltiples ocasiones cualquier consulta popular sobre este tema, al considerar que no cumple con los requisitos constitucionales ni legales establecidos en la LOGJCC.
La Corte ha reiterado que cualquier proceso de consulta popular debe respetar la jerarquía constitucional y los procedimientos establecidos en los artículos 441 y 442. Además, ya advertía que se mantendrá vigilante para evitar intentos de saltarse el procedimiento con fines políticos. El país espera ahora si el Gobierno reestructura su iniciativa o insiste en llevar las preguntas a consulta sin los pasos que dicta la Constitución.
En medio del análisis de las siete preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular de diciembre, el exdiputado Jorge Moreno Ordóñez solicitó formalmente a la Corte Constitucional viabilizar a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, lo que introduce una alternativa institucional de mayor calado en el debate político ecuatoriano.
La Corte Constitucional ya ha emitido dictámenes sobre cuatro de las siete preguntas presentadas por el Ejecutivo, y está en proceso de evaluación de la constitucionalidad de las demás. En contraste, el planteamiento de Moreno busca generar una asamblea con atribuciones amplias, que trascienda reformas puntuales y abra paso a una transformación estructural del régimen político.
El proyecto de consulta popular incluye, entre otras medidas, eliminar la prohibición de bases militares extranjeras, reducir el número de legisladores, eliminar el CPCCS y someter a juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional. Estas preguntas reflejan cambios institucionales puntuales, pero su alcance se ve limitado frente a la propuesta alternativa de asamblea constituyente.
Foto: La Corte Dice
Ante este escenario, Moreno advierte que la República podría beneficiarse de un proceso constituyente integral, capaz de reconfigurar el sistema político en lugar de aplicar parches típicos. Su petición agrega presión al entorno político, ya polarizado por el choque entre el Ejecutivo y la Corte, especialmente tras la suspensión de artículos de leyes impulsadas por Noboa.
Durante la etapa previa al referéndum, el calendario político se resiente, porque Noboa pretende que la consulta popular tenga lugar el domingo 14 de diciembre, aunque está pendiente que la Corte emita dictámenes favorables para que el Consejo Nacional Electoral disponga el cronograma oficial.
En tanto, la figura de Moreno gana visibilidad, con un discurso que confronta directamente al modelo gradualista del Ejecutivo. Su propuesta por una Asamblea Constituyente retoma debates estructurales, planteando una opción política intensa que podría dividir posturas dentro del legislativo y la sociedad civil.
Ecuador entra en una fase decisiva, por una consulta popular con reformismos concretos y posibles transformaciones institucionales profundas están en juego. La Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, y la ciudadanía se colocan en el centro de un pulso político que podría definir el rumbo constitucional del país en los próximos años.