La disputa territorial entre Colombia y Perú escala en los primeros días de agosto de 2025, después de que el presidente colombiano Gustavo Petro declare que Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre la llamada isla Santa Rosa en el río Amazonas, y acuse a Lima de haber tomado decisiones unilaterales al oficializar esa jurisdicción. La protesta colombiana se produce en un contexto de declaraciones públicas y notas diplomáticas cruzadas que tensan una frontera que ha sido relativamente pacífica en las últimas décadas, y vuelve a colocar en primer plano asuntos limítrofes que se creían resueltos por tratados del siglo XX.
Petro, desde Leticia, plantea que el surgimiento y adjudicación de nuevas islas por cambios en el cauce del río debía haberse resuelto mediante acuerdos bilaterales y que, al actuar Perú de forma autónoma, se viola el espíritu del Tratado de Río de Janeiro de 1934; el mandatario sostiene que la decisión de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, afecta el acceso estratégico colombiano al Amazonas y advierte sobre la necesidad de preservar los derechos históricos de Leticia y del departamento de Amazonas. Boluarte ya replicó afirmando que “la soberanía no está en conflicto ni es un tema pendiente de tratar”. Sus críticas, aunque devuelve la disputa a la agenda pública, son acompañadas por llamados a resolver la diferencia por la vía diplomática, aunque no evita señalar que la situación obliga a una mayor atención sobre la presencia y actividades administrativas en la zona.
En Lima, fuentes oficiales peruanas y medios locales recuerdan que Perú administra desde hace décadas el área y que la creación de la figura administrativa en torno a Santa Rosa se basa en marcos jurídicos nacionales e interpretaciones históricas de límites; desde el gobierno peruano se rechazan las acusaciones de anexo ilegal y se enfatiza que la demarcación ribereña ha sido ejercida conforme a la soberanía peruana. El intercambio de posiciones refuerza la percepción de ciudadanos y autoridades locales —tanto peruanas como colombianas— de que la vida cotidiana en la triple frontera (con Brasil) podría verse afectada por la escalada verbal y la burocracia administrativa que acompaña a estas reclamaciones.
El trasfondo legal de la controversia apunta a que muchas de estas formaciones isleñas no existían cuando se definieron límites en la primera mitad del siglo XX, y aquí radica la complejidad: los tratados prevén mecanismos para adjudicar territorios que emergen por cambios del cauce, pero la interpretación y la aplicación de esos mecanismos generan discrepancias. Historiadores y especialistas en derecho internacional subrayan que la solución técnica suele ser la negociación de una comisión binacional que verifique coordenadas, propietarios y uso tradicional de los pobladores ribereños, y que evite soluciones de hecho que luego se transformen en reclamaciones diplomáticas más difíciles de zanjar.
En la práctica diplomática, Bogotá ya presenta protestas formales y solicita la activación de canales bilaterales para debatir el tema; desde diversos analistas surge la recomendación de activar la Comisión de Límites y Fronteras y una instancia técnica conjunta (Comperif) para septiembre, con el objetivo de evitar que la retórica derive en medidas más duras. Organismos regionales y actores internacionales observan con cautela: la prioridad en todos los discursos oficiales es contener la crisis, pero también queda claro que la disputa impulsa una nueva ola de nacionalismo y revisiones de patrimonio estratégico en ambas capitales.
La escalada trae riesgos prácticos para la población local: movimientos administrativos, mayor presencia de autoridades y patrullas fluviales, y la posibilidad de restricciones al comercio tradicional en las riberas, lo que afecta a comunidades indígenas y ribereñas que dependen de la movilidad transfronteriza. Si bien ninguno de los gobiernos plantea acción militar, la retórica y la visibilidad mediática del conflicto obligan a ambos Ejecutivos a gestionar simultáneamente la legitimidad interna y la contención del conflicto, terreno fértil para que oposiciones y medios politicen cada gesto y cada comunicado.
Frente a este panorama, la salida más probable —y la más promovida por expertos— es la creación inmediata de una comisión técnica bilateral que inspeccione in situ la evolución del cauce, recoja testimonios de las comunidades y proponga soluciones registrales y administrativas que respeten la integridad de los tratados, o en su defecto, acuerde soluciones de gobernanza compartida.