La Corte Constitucional (CC) admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por el movimiento Unidad Popular en contra de la Ley de Integridad Pública.
Este viernes 8 de agosto de 2025 se conoció que la Corte Constitucional admitió la acción presentada por el partido político Unidad Popular.
Según detalla el documento oficial, la CC negó la solicitud de medidas cautelares que buscaban suspender temporalmente el trámite, mientras continúa el proceso. La Asamblea Nacional y Presidencia fueron notificadas de la decisión y tendrán un plazo de 15 días para presentar la impugnación al dictamen.
Esta petición fue presentada ante la Corte Constitucional el 3 de julio de 2025. Según el movimiento político, la Ley vulnera derechos laborales, tributarios, de la niñez y del mismo proceso legal.
La Ley ha recibido más de 18 acciones desde su publicación en el Registro Oficial, el 26 de junio.
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 57 el martes 22 de julio de 2025, que contiene el reglamento a la Ley Orgánica de Integridad Pública y consta de 243 páginas.
El reglamento incluye disposiciones para aplicar reformas no solo a la Ley de Servicio Público, sino también a la Ley de Contratación Pública y a la Ley de la Contraloría General del Estado. Gran parte del documento se enfoca en temas de contratación pública.
Se incorporan nuevas definiciones y procedimientos para los procesos de contratación pública, además de criterios de preferencia para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), economía popular y solidaria, y producción nacional.
Asimismo, se exige la certificación obligatoria para los operadores del sistema de contratación. Entre los cambios principales están: reformas al Reglamento General de Contratación Pública, dispositivos para evitar colusión, vínculos indebidos y corrupción, y parámetros para fortalecer la integridad en los procesos de compra pública.
El reglamento también establece que los servidores públicos deberán someterse a un proceso de evaluación dos veces al año, en lugar de una vez, y que la calificación obtenida tendrá implicaciones directas en su carrera.
Otra disposición permite modificar la modalidad laboral de teletrabajo a presencial si el servidor obtiene una calificación menor a satisfactorio en su última evaluación de desempeño.
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