Un grupo de más de 30 juristas, académicos y abogados agrupados en el Foro por la Democracia, emitió un contundente pronunciamiento ante lo que consideran una campaña coordinada del Ejecutivo contra la independencia judicial. El comunicado rechaza cualquier intento de enjuiciamiento político contra los magistrados de la Corte Constitucional, y reafirma su papel como «máximo órgano de interpretación constitucional» cuya función debe protegerse ante presiones del poder político.
Los firmantes expresan su preocupación por declaraciones recientes del presidente Daniel Noboa que sugieren una voluntad de influir en el fallo de la Corte, lo que podría configurarse como violación de normas democráticas. El foro advierte que incluso si en democracia es legítimo debatir mecanismos como el juicio político, estos no deben usarse para intimidar al sistema judicial ni condicionar sus decisiones.
Además, el pronunciamiento subraya que la conducta del Ejecutivo podría contravenir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, haciendo referencia al precedente de un fallo de la Corte Interamericana, que condenó a Ecuador en 2013 por remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia de forma irregular, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez en 2004.
El Foro por la Democracia también critica con firmeza expresiones gubernamentales que describen a la Corte como un «enemigo del pueblo», así como la supuesta utilización de la Policía y Fuerzas Armadas para emitir mensajes con tintes políticos. Según el colectivo, tales acciones erosionan la legitimidad institucional y profundizan la crisis democrática.
En paralelo, voces desde la sociedad civil y la academia respaldan el llamado, ya que exigen que se respete la autonomía judicial y se garantice el equilibrio entre poderes que caracteriza al Estado de derecho. Alertan que se prevé una creciente polarización si no se detiene el discurso agresivo contra la Corte.
El pronunciamiento culmina con una convocatoria a ciudadanía, sindicatos, medios y universidades para vigilar activamente las acciones del Ejecutivo y mantener vivas las garantías democráticas. Afirman que respaldar institucionalmente a la Corte es «un deber ético, un compromiso democrático y una responsabilidad histórica».
El momento político, marcado por la preparación de una nueva consulta popular y la creciente tensión entre el Ejecutivo y el tribunal constitucional, adquiere ahora un matiz de crisis institucional latente. La competencia entre reformismo político y salvaguarda constitucional se convierte en el centro del debate nacional.