El partido Unidad Popular logró que la Corte Constitucional inicie el trámite de su demanda contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). Geovanni Atarihuana, representante de la agrupación, confirmó que este proceso se unirá al caso presentado por la Unión Nacional de Educadores (UNE). Este avance representa un paso clave para la organización. Próximamente, esperan ser convocados a una audiencia.
La agrupación cuestiona reformas a la Ley de Servicio Público que permitieron despidos y cambios que afectarían a cooperativas, además de la condonación de impuestos a la Corporación Noboa. Según ellos, estas medidas han generado daños considerables a muchas familias afectadas por la pérdida de empleo. La defensa de la estabilidad laboral es uno de sus principales objetivos.
A pesar de celebrar que su demanda avance, lamentan que no se hayan otorgado medidas cautelares para evitar más perjuicios. Atarihuana anunció su participación en la Asamblea de las Organizaciones Populares el 16 de agosto, donde definirán acciones y movilizaciones. Confían en que la Corte actuará con justicia y rapidez para proteger a los afectados.