El 47% de los fallos emitidos por los magistrados han favorecido al Gobierno, mientras que solo un 19% resultaron adversos. El organismo aún mantiene en trámite cinco causas de alto impacto.
El presidente Daniel Noboa convocó para este martes 12 de agosto a una marcha hacia la Corte Constitucional (CC), en Quito. Las figuras políticas de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea y el Ejecutivo se alinearon en respaldo a esta iniciativa.
El oficialismo calificó a los nueve magistrados como “enemigos del pueblo” y, desde el 4 de agosto, inició una campaña en su contra para responsabilizarlos de la crisis de inseguridad que alcanzó niveles récord en el primer semestre del año.
La causa principal: la Corte dio trámite a cinco de las 34 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, aceptando medidas cautelares por presuntas vulneraciones de derechos y suspendiendo temporalmente 17 artículos.
En paralelo, el Primer Mandatario anunció un nuevo referendo constitucional, que incluye entre sus siete temas una propuesta para permitir que los magistrados puedan ser destituidos mediante juicios políticos en la Asamblea Nacional.
No obstante, pese al endurecimiento del discurso oficialista contra la Corte, desde el inicio del mandato de Noboa en 2023, el organismo ha respaldado en su mayoría (66%) las iniciativas del Ejecutivo, incluidas las más controversiales.
Por ejemplo, durante el conflicto con su exvicepresidenta Verónica Abad, la Corte rechazó demandas de inconstitucionalidad, acciones de protección y solicitudes de interpretación constitucional, y le permitió designar como reemplazo a su aliada cercana, Cynthia Gellibert.
Asimismo, avaló la solicitud del Mandatario al Consejo Nacional Electoral (CNE) para prohibir el uso de teléfonos celulares en los comicios, con el fin de impedir la toma de fotografías de las papeletas de votación.
En cuanto a los 17 estados de excepción y sus renovaciones, la Corte aprobó 10, modificó parcialmente cuatro y negó por completo dos, argumentando falta de motivación y sustento jurídico.
Sin embargo, el organismo también ha hecho llamados de atención al Ejecutivo, en especial por declarar reiteradamente estados de excepción por conflicto armado interno “sin sustento”. Esto llevó a la Corte a ordenar la conformación de una comisión para abordar la crisis de inseguridad con supervisión del pleno.
Del mismo modo, rechazó la suspensión por 150 días de la exvicepresidenta Verónica Abad, dispuesta por el Ministerio de Trabajo, así como las reformas parciales a la Constitución relacionadas con personas privadas de libertad y prisión preventiva.