El juez de la Corte Constitucional que conoce las demandas contra la Ley de Integridad Pública, José Luis Téran, aplazó la audiencia programada para el 18 de agosto de 2025, y ahora se realizará de manera telemática el 27 de agosto a las 10:00, permitiendo la participación de los accionantes de las distintas causas acumuladas.
Téran explicó que el aplazamiento responde a una solicitud de la Asamblea Nacional. Anteriormente, el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, había pedido un cambio similar, pero luego se retractó.
Contrario a la petición del Gobierno de realizar la diligencia de forma presencial, el magistrado decidió mantener la audiencia pública de manera telemática.
La Ley de Integridad Pública enfrenta 26 demandas de inconstitucionalidad y aborda temas como la supresión de instituciones públicas, despido de funcionarios y la transformación de algunas cooperativas en bancos.
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