El excandidato presidencial y exprefecto del Azuay, Yaku Pérez, acudió a la Fiscalía General del Estado en Quito, donde presentó una denuncia penal contra el presidente Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Valbonesi y la minera canadiense Dundee Precious Metals por presunto tráfico de influencias y cohecho relacionados con el proyecto Loma Larga. La acción fue respaldada por organizaciones campesinas y ambientales del Azuay, quienes señalaron que la entrega de la licencia ambiental se dio de forma irregular y a espaldas de las comunidades.
Pérez afirmó que la licencia ambiental otorgada en junio de 2025 a la minera fue resultado de un fraude, sustentado en donaciones hechas a la fundación de Valbonesi y en reuniones privadas mantenidas entre Noboa y representantes de la empresa en Canadá. Según el denunciante, estas acciones evidenciaron un esquema ilegal que buscaba beneficiar a la compañía extranjera en detrimento de la población local y de la naturaleza.
La acusación relató que en Toronto se llevaron a cabo encuentros entre el presidente y directivos de Dundee Precious Metals, antes de que el Ministerio de Ambiente concediera el permiso ambiental. Pérez consideró estas reuniones como piezas importantes para comprender la relación entre las donaciones a la fundación de la primera dama y la celeridad con que avanzó el trámite administrativo.
En su escrito, Pérez solicitó que la Fiscalía requiriera información al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Compañías, a la Presidencia y al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el fin de rastrear posibles aportes económicos y vínculos societarios. También entregó documentación que, a su criterio, demostraba el conflicto de intereses en el otorgamiento de la licencia.
El proyecto Loma Larga, ubicado a 30 kilómetros de Cuenca, contempla una inversión de hasta 500 millones de dólares, la creación de más de 500 empleos y la explotación de oro, plata y cobre. Sin embargo, la magnitud de la iniciativa despertó críticas de comunidades indígenas y de colectivos ambientalistas que consideraron que la actividad minera amenazaba a los ecosistemas de Quimsacocha, fuente de agua para gran parte de la población de Cuenca.
A pesar de que Dundee Precious Metals aseguró que el impacto ambiental sería mínimo, el Ministerio de Ambiente detuvo el inicio de operaciones hasta que la empresa presentara y difundiera un plan de manejo ambiental. La medida respondió a las crecientes presiones sociales y a las denuncias sobre falta de transparencia en el proceso de autorización.
En paralelo, Pérez anunció que el 16 de septiembre se realizaría en Cuenca una marcha masiva en defensa del agua y advirtió que, de no revocarse la licencia, se convocaría a un levantamiento indígena en el sur del país a partir del 23 de septiembre. Con ello, la denuncia eleva la tensión política, ambiental y social, y abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la minería y la gobernanza en Ecuador.