Una nueva ola de violencia carcelaria golpeó al país esta semana, dejando un saldo de al menos diez personas privadas de libertad fallecidas en distintos centros penitenciarios de Guayaquil y Cuenca, mientras que en Esmeraldas se registraron disturbios y un fuerte despliegue militar y policial para contener posibles enfrentamientos. Los hechos reavivan la crisis penitenciaria que desde hace años mantiene en vilo a Ecuador.
El primer episodio se registró el 26 de agosto en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde seis reos fueron hallados sin vida en distintas celdas. Según reportes oficiales, los internos no presentaban impactos de bala, lo que ha levantado sospechas sobre la forma de su muerte. Aunque las autoridades investigan, familiares de los privados de libertad denuncian que se trataría de asesinatos vinculados a disputas internas entre bandas.
Y este 29 de agosto, la violencia se trasladó a la cárcel de Turi en Cuenca, donde un enfrentamiento a tiros entre internos dejó al menos cuatro muertos y varios heridos. Videos filtrados desde el interior mostraron momentos de caos, gritos y disparos, lo que provocó el ingreso inmediato de unidades tácticas de la Policía Nacional. Las autoridades confirmaron que se trató de un choque entre facciones rivales que ya habían protagonizado episodios similares en meses anteriores.
En paralelo, la tensión creció en la cárcel de Esmeraldas, donde familiares de reclusos se concentraron en las afueras exigiendo mejoras en las condiciones de vida y garantías de seguridad. El temor a un estallido obligó al Gobierno a reforzar con militares y policías el control del penal, en un intento por evitar que los hechos de Guayaquil y Cuenca se repitan en la provincia costera.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), reconoció la gravedad de la situación e informó que se activaron protocolos de emergencia en todo el sistema carcelario. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la falta de control estatal y la persistente presencia de grupos criminales continúan cobrando vidas dentro de las prisiones.
Analistas coinciden en que la violencia no es aislada, sino parte de una pugna territorial de bandas del crimen organizado que han tomado el control de los centros de reclusión. El asesinato de seis presos en Guayaquil bajo circunstancias aún no esclarecidas, sumado al ataque armado en Cuenca, evidencian que los grupos siguen operando con armamento y logística dentro de las cárceles.
Los últimos hechos no solo generan miedo en los familiares de internos, sino que también cuestionan la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en un sistema que acumula más de 400 muertes violentas en los últimos cinco años. Con la presión social en aumento, la expectativa recae ahora en las medidas que adopten la Fiscalía y el Ejecutivo frente a una violencia que parece no tener freno.