En una decisión histórica, el Gobierno ecuatoriano revocó la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay. La resolución fue tomada por el Ministerio de Ambiente y Energía, tras analizar los informes técnicos emitidos por el Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay, que advertían sobre los riesgos para la reserva hídrica de Quimsacocha, esencial para el abastecimiento de agua potable y el riego de la región.
El proyecto, liderado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), tenía como objetivo extraer oro y cobre en el ecosistema de páramo de Quimsacocha, una zona ambientalmente sensible que abarca más de 3200 hectáreas. El inicio de las operaciones estaba previsto para 2026, con una inversión estimada de $419 millones de dólares estadounidenses y una producción anual de aproximadamente 200.000 onzas de oro en los primeros cinco años.
La sentencia del Gobierno fue recibida con entusiasmo por ambientalistas, líderes comunitarios y autoridades locales, quienes se han movilizado contra el proyecto durante años. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, celebró la revocación como una «victoria del pueblo», destacando que la medida representa el fin de una lucha de décadas para preservar los recursos hídricos de la región.
La revocación de la licencia también refleja un creciente movimiento social en el país, que ha estado presionando al Gobierno para que reconsidere proyectos mineros en zonas ecológicamente vulnerables. Los activistas enfatizan que, si bien la decisión es positiva, fue motivada más por la presión popular que por la conciencia ambiental del gobierno.
Por otro lado, la empresa DPM aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la revocación de la licencia. El Ministerio de Ambiente y Energía enfatizó que la decisión se basó en evidencia técnica y en la responsabilidad de las entidades locales que emitieron los informes, lo que refuerza el compromiso del gobierno con la protección de los recursos naturales y la salud pública.
El caso de Loma Larga marca un momento decisivo para el sector minero en Ecuador, donde solo dos proyectos están actualmente en operación. La revocación de la licencia podría influir en las futuras políticas y decisiones relacionadas con la exploración minera en el país, especialmente en zonas ambientalmente sensibles.