Ecuador vive una jornada de intensas protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa, que se salda con un muerto, más de 100 heridos, decenas de detenidos y al menos 11 desaparecidos temporalmente. Estos sucesos marcan el undécimo día del Paro Nacional, que comenzó el 22 de septiembre y fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) con el apoyo de diversos movimientos sociales.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, publicó su octavo boletín verificable, que registra 183 violaciones de derechos humanos hasta la fecha, incluyendo 90 detenidos, 103 heridos, 11 desaparecidos y un fallecido confirmado. La mayoría de los incidentes ocurrieron durante intervenciones de las fuerzas de seguridad en diversas regiones del país. Sin embargo, el Gobierno no ha proporcionado cifras actualizadas ni detalladas sobre los hechos, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y rendición de cuentas.
El incidente más indignante fue la muerte de Efraín Fuérez, artesano quichua de 46 años, quien recibió un disparo mientras huía y posteriormente fue agredido por militares, como quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales. El caso generó indignación nacional e internacional, lo que llevó a la ONU a emitir una advertencia sobre el uso excesivo de la fuerza y la represión de manifestantes pacíficos.
Además, la Alianza de Derechos Humanos denunció la censura a periodistas, como el caso del reportero Galo Arellano, quien fue retirado de las charlas oficiales de prensa tras cuestionar al Gobierno sobre la muerte de Fuérez. También se reportaron casos de persecución a defensores de derechos humanos, como el del presidente del Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, José Xavier Fajardo Mendoza, quien fue perseguido y amenazado por desconocidos.
La CONAIE reafirmó la continuidad del Paro Nacional, exigiendo la derogación del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, y presentó otras demandas como la reducción del IVA, el respeto al derecho a la protesta y el fin de la minería extractiva. La organización denunció la respuesta autoritaria del Gobierno, que calificó a los manifestantes de «terroristas» y los acusó de emboscar a militares.
El Gobierno de Noboa, por su parte, mantiene el estado de excepción y el toque de queda en varias provincias, además de anunciar la extensión del feriado nacional como medida de contención. El presidente también afirmó que las protestas están orquestadas por grupos criminales y que las fuerzas de seguridad han actuado dentro de la legalidad, algo a lo cual la oposición ha denunciado de falsedad total.
Otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen investigaciones independientes sobre los abusos cometidos y la rendición de cuentas de los responsables. En tanto, las manifestaciones continúan en varias ciudades del país, con un creciente apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional.