Esta es la tercera ley aprobada por el oficialismo que enfrenta demandas ciudadanas por inconstitucionalidad. La principal queja radica en la falta de transparencia, control y claridad.
Se trata de la tercera audiencia en la que el Ejecutivo y el Legislativo deben responder por las leyes polémicas del oficialismo. En esta oportunidad, la discusión se centra en la Ley de Inteligencia, que permite, entre otras acciones, la interceptación de comunicaciones sin orden judicial.
Además, se critica la opacidad que la Asamblea incorporó en el manejo financiero del ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyos informes y documentos sobre gastos reservados serán destruidos.
Aunque la Ley prohíbe obtener y almacenar información sobre personas por su etnia, orientación sexual, credo, posición política o afiliación a organizaciones, la sociedad civil la considera un riesgo para las libertades ciudadanas.
La audiencia telemática, convocada por la Corte Constitucional (CC), comenzó alrededor de las 10:20. La jueza ponente, Alejandra Cárdenas, explicó las reglas a las partes: los demandantes, los abogados de la Presidencia y de la Asamblea Nacional, y los ciudadanos que presentaron amicus curiae (escritos de apoyo a las demandas o a la Ley).
Críticas de los demandantes
La Ley de Inteligencia enfrenta cuatro demandas ciudadanas acumuladas en un solo proceso, presentadas por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
En la audiencia, las abogadas de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) analizaron los artículos de la Ley y del Reglamento que consideran contrarios a la Constitución y a los estándares internacionales, en términos de legalidad, bien legítimo, necesidad y proporcionalidad.
Señalaron que la norma genera un vacío legal al hablar de seguridad integral del Estado sin definirla, lo que permite interpretaciones subjetivas y arbitrarias, contraviniendo la seguridad jurídica y el principio de reserva de ley.
Por ejemplo, denunciaron que la Ley crea un régimen de reserva total, que afecta la transparencia y la rendición de cuentas; establece un fondo de gastos especiales fuera del control público y permite la destrucción de registros; excluye al sistema de inteligencia del régimen general de contratación pública sin detallar procedimientos; y limita la rendición de cuentas anual a una sola comisión legislativa en lugar de un seguimiento semestral.
Otro punto señalado fue la violación de los derechos a la privacidad y a la inviolabilidad de correspondencia sin un fin legítimo ni control judicial, lo que facilitaría la persecución, criminalización, vigilancia masiva, interceptación de comunicaciones y acceso indiscriminado a información.
La abogada de los sindicatos enfatizó que la Ley permite vulneraciones de derechos, incluyendo la vigilancia y persecución de dirigentes políticos y sociales, y que crea un régimen sin transparencia que puede derivar en excesos y permitir la impunidad de los funcionarios. Además, advirtió que la normativa limita la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional.
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