La Cancillería ecuatoriana, emitió un comunicado oficial para desmentir versiones sobre un supuesto pedido de extradición del exministro José Serrano, detenido desde el 7 de agosto en Florida por las autoridades estadounidenses. La ministra Gabriela Sommerfeld confirmó que el gobierno ecuatoriano no ha tramitado ningún requerimiento formal de traslado, aclarando que cualquier gestión relacionada con la extradición debería pasar por la coordinación de la Cancillería, lo que no ha ocurrido. La declaración surge luego de que medios locales reportaran interpretaciones erróneas de reuniones diplomáticas, generando confusión en la opinión pública.
Serrano, quien enfrenta procesos judiciales en Ecuador por el caso del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Su situación legal en territorio estadounidense continúa siendo procesalmente compleja, dado que mantiene una solicitud de asilo en trámite, mientras que la Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones en Ecuador por presunta autoría intelectual del crimen. La Cancillería enfatizó que, hasta el momento, no se ha solicitado su traslado, ni existen conversaciones formales con el Departamento de Estado estadounidense en este sentido.
La confusión sobre la extradición surge en un contexto de alta sensibilidad política. Serrano es investigado por su presunta participación en actos de conspiración y violaciones a la ley ecuatoriana, y su retorno voluntario o forzado al país podría generar tensiones en el ámbito judicial y político. La titular de Relaciones Exteriores recordó que cualquier trámite de extradición depende de la cooperación entre Estados y debe estar respaldado por evidencia legal concreta, destacando que Ecuador no ha iniciado ninguna acción que comprometa la soberanía estadounidense ni sus propios protocolos legales.
Familias y allegados de Serrano han mostrado preocupación por su seguridad, argumentando que un retorno a Ecuador podría ponerlo en riesgo, debido a la exposición mediática y la polarización política del caso. Estas expresiones han intensificado el debate público sobre la conveniencia de los procedimientos judiciales y la protección de derechos humanos, en paralelo con las investigaciones nacionales. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han solicitado garantías para su integridad física y legal durante todo el proceso.
Paralelamente, en Estados Unidos, las autoridades migratorias continúan revisando la situación de Serrano bajo la normativa local, considerando tanto su solicitud de asilo como las investigaciones de la Fiscalía de Florida relacionadas con denuncias adicionales de corrupción y espionaje. Estas denuncias, presentadas por su exasesor Diego Vallejo, han sido incluidas en los expedientes judiciales, lo que complica cualquier posible coordinación entre los sistemas judiciales de Ecuador y EE.UU., y mantiene a Serrano en un limbo legal que exige prudencia diplomática y jurídica.
Desde Ecuador, la Fiscalía y la Policía Judicial han seguido recibiendo documentación y pruebas sobre su presunta implicación en el magnicidio de Villavicencio, incluyendo registros de reuniones y comunicaciones con terceros involucrados. La Cancillería enfatizó que ninguna acción internacional sustituye ni interfiere con las investigaciones nacionales, y que cualquier pedido de extradición futuro deberá ajustarse estrictamente a los protocolos legales internacionales, garantizando que no se vulneren los derechos fundamentales del imputado ni los principios de soberanía de ambos países.