El gobierno de Daniel Noboa, a través de la vocera oficial de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció este lunes que enviará un nuevo bloque de preguntas a la Corte Constitucional para que sean incorporadas a la consulta popular prevista en los próximos meses. La decisión se produce en medio del debate nacional sobre las reformas políticas, económicas y de seguridad, y marca un paso adicional en la estrategia del Ejecutivo para profundizar los cambios que busca implementar.
La Secretaría de Comunicación confirmó que el presidente trabaja en un paquete de interrogantes que complementarán las ya aprobadas por la Corte en abril, las cuales giraban en torno a la seguridad ciudadana, la extradición y el rol de las Fuerzas Armadas. El objetivo del nuevo envío, según el propio Gobierno, es ampliar la consulta hacia temas de institucionalidad, justicia y participación ciudadana.
Entre las áreas en análisis estarían reformas al sistema judicial, ajustes en la organización de los partidos políticos y la implementación de mecanismos de control frente a la corrupción. Aunque el Ejecutivo no detalla aún las preguntas específicas, anticipa que estarán enfocadas en fortalecer la gobernabilidad y responder a las demandas sociales que se han intensificado durante el último año.
La decisión del presidente genera expectativa tanto en el ámbito político como en el ciudadano. Mientras sectores cercanos al oficialismo destacan que la consulta permitirá legitimar cambios urgentes, voces críticas cuestionan que el Gobierno utilice este mecanismo como herramienta política para reforzar su popularidad en un contexto de creciente inseguridad y desaceleración económica.
La Corte Constitucional será la encargada de analizar el nuevo paquete de preguntas y determinar si cumplen con los requisitos legales y de forma antes de ser sometidas a votación popular. El Ejecutivo sostiene que respetará los plazos y procedimientos, pero recalca que espera una resolución ágil para que el calendario electoral no se vea afectado.
En abril pasado, los ecuatorianos ya habían aprobado en las urnas un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente relacionadas con la seguridad, el combate al crimen organizado y la extradición. Esa primera victoria en las urnas fortaleció al presidente Noboa en su agenda política, aunque analistas advierten que una nueva consulta implicará mayores retos de movilización y convencimiento en un escenario social más polarizado.