El 19 de septiembre de 2025, el líder social y activista político Omar Campoverde Quimbiulco fue detenido y brutalmente agredido por agentes de la Policía Nacional del Ecuador en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi. Según Campoverde, entre las 15H30 y las 16H30, fue sacado de su celda en el pabellón de máxima seguridad C2C y sometido a una serie de abusos físicos y psicológicos. Durante la agresión, fue pateado, golpeado y torturado, incluyendo la aplicación de agua helada, vendajes y humillaciones verbales. Fue obligado a afeitarse la cabeza, lo que se interpreta como un acto de discriminación étnica. También denunció que los guardias militares encargados de la custodia de la prisión mostraron una actitud violenta, pateando recipientes de comida e impidiendo a los presos usar utensilios.
Omar Campoverde es activista del Movimiento Guevarista y es considerado preso político por organizaciones de derechos humanos. Fue acusado de vinculación con grupos armados disidentes colombianos, aunque aún no se ha emitido una sentencia firme. En 2022, fue llevado a juicio junto con otros miembros del movimiento, acusado de delitos como reclutamiento forzado y asociación ilícita. Sin embargo, las pruebas presentadas han sido cuestionadas por defensores de derechos humanos, quienes afirman que los cargos tienen motivaciones políticas.
La denuncia de tortura fue ampliamente compartida en redes sociales, donde activistas y organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación independiente y la rendición de cuentas de los responsables. La situación de Campoverde se considera parte de un patrón de represión contra líderes sociales y opositores políticos en el país. Organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Ecuador, especialmente en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales.
El gobierno del presidente Daniel Noboa aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y la presunta impunidad en casos anteriores aumentan la desconfianza de la sociedad civil en la capacidad del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos. Expertos advierten que la persistencia de las prácticas represivas podría agravar aún más la crisis política y social del país. En respuesta al ataque, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos convocaron manifestaciones en varias ciudades de Ecuador, incluyendo Quito, Guayaquil y Latacunga, exigiendo justicia para Omar Campoverde y todos los presos políticos. Las manifestaciones fueron inicialmente pacíficas, pero en algunos lugares se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que resultaron en arrestos y heridos.
El caso de Omar Campoverde es un sombrío recordatorio de las dificultades que enfrentan quienes se oponen al statu quo en Ecuador. Mientras él continúa luchando por la justicia, la sociedad ecuatoriana enfrenta un momento crítico en la defensa de los derechos humanos y la preservación de las libertades democráticas. El resultado de este caso podría tener implicaciones para el futuro político y social del país.