Los detenidos registraban en fotos y videos a sus víctimas para exigirles dinero, cumpliendo órdenes de un preso que coordinaba las extorsiones desde la cárcel. Durante el operativo se encontraron 140 bloques de una sustancia verdosa que podría ser marihuana.
Una pareja fue arrestada en el sector de Pascuales, al norte de la ciudad, acusada de pedir hasta USD 5.000 a comerciantes y familias a cambio de permitirles continuar con sus actividades económicas sin amenazas.
Según el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8 —que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón—, las investigaciones establecieron que los implicados intimidaban a sus víctimas —dueños de patios de autos, almacenes de vidrios y negocios familiares del centro— enviándoles fotos y videos, mientras que el «mentalizador» de la red operaba desde un centro de privación de libertad.
“Una vez que las personas afectadas perdieron el miedo y confiaron en la Policía Nacional, se ejecutó el operativo que permitió la aprehensión de la pareja”.
Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8
Durante la intervención, agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) encontraron 140 bloques de una sustancia verdosa que, según las autoridades, sería presumiblemente marihuana, además de cinco teléfonos móviles y tres comprobantes de pago, que servirán como evidencia en la investigación.
Antecedentes y llamado a denunciar
El comandante indicó que el hombre detenido registra antecedentes por delincuencia organizada, tráfico de drogas y receptación de objetos robados, mientras que la mujer —quien está embarazada— colaboraba con la recopilación de material fotográfico y el envío de mensajes extorsivos.
El oficial agradeció la confianza de las víctimas que se animaron a denunciar e hizo un llamado a la ciudadanía para continuar reportando estos casos. “La colaboración de la gente es fundamental para que podamos brindar resultados efectivos y enfrentar de manera técnica y profesional este tipo de delitos”, señaló.
Las evidencias fueron ingresadas bajo cadena de custodia y los sospechosos puestos a órdenes de la Fiscalía, mientras la Policía continúa las investigaciones para determinar la estructura completa detrás de las amenazas.
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