Los anuncios públicos de avance en mesas de diálogo esta semana no han logrado cerrar la brecha entre las dirigencias y las bases indígenas, pues mientras medios corporativos registraron que la Conaie había informado de contactos y acercamientos con el Ejecutivo que, según algunas versiones, abrían la puerta a una aparente cesión del bloqueo en ciertas rutas, numerosas comunidades en Imbabura y otras provincias rechazaron esas decisiones y afirmaron que el paro continúa hasta que existan soluciones concretas. Esta fractura, reflejada en voces desde los líderes regionales hasta asambleas comunitarias, convirtió un posible anuncio de distensión en el foco de una nueva oleada de protestas.
Miembros de las bases reprocharon a sus propias dirigencias locales por negociar sin la validación de las asambleas locales, y advirtieron a quienes firmaran acuerdos que podrían perder su representación, dejando en evidencia una crisis interna de credibilidad. Radios y portales locales divulgaron comunicados y audios en los que comuneros de Imbabura y otras provincias aclaraban que cualquier pacto debe pasar por votación en territorio y por la incorporación de garantías, y no solo en promesas, sobre el retiro de la militarización, la liberación de detenidos y protocolos sanitarios y humanitarios para los heridos.
La tensión se enmarca en una escalada nacional, porque en los últimos días se registraron enfrentamientos violentos en Otavalo y otras localidades del norte, con denuncias de uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y despliegues militares adicionales que el Ejecutivo defendió como necesarios para restablecer el tránsito y la seguridad. Organismos internacionales y medios han documentado detenciones, heridos y al menos tres muertes relacionadas con las movilizaciones, factores que alimentan la indignación de las bases y amplifican su rechazo a soluciones parciales.
Ante la discordia, en los centros urbanos y en las carreteras se multiplicaron los cortes, marchas y concentraciones. En Quito, Otavalo, Cuenca y Guayaquil, se convocaron protestas de apoyo a las bases que desconocen los acuerdos, y exigieron que cualquier negociación se realice con observadores independientes y con garantías para manifestantes y comunidades. Líderes sociales advirtieron además que la presencia de grupos violentos o de agendas ajenas a las comunidades no debe usarse como excusa para deslegitimar las demandas históricas del movimiento indígena.
El Gobierno, que insiste en la necesidad de despejar vías y reinstaurar servicios, ha visto debilitada su interlocución al toparse con comunidades que rechazan el mandato de sus propias dirigencias; al mismo tiempo, la presencia de muertes y denuncias de represión aumenta la presión internacional y de organizaciones de derechos humanos por investigaciones imparciales antes de cualquier desmovilización masiva. Esa dinámica deja al país en una encrucijada: o se abre una mesa con garantías y supervisión externa o la desconfianza seguirá alimentando protestas y posibles episodios de violencia.
En el terreno de la comunicación, la guerra de relatos entre el Ejecutivo, las dirigencias y las bases se alimentó en redes y medios, ya que mientras el Gobierno difundió versiones sobre corredores humanitarios y operaciones para despejar carreteras, las comunidades y periodistas locales compartieron videos y testimonios que muestran confrontaciones y denuncias de violencia contra civiles. Esa superposición de narrativas dificulta la verificación inmediata de hechos y, en la práctica, mantiene encendida la convocatoria de las bases que insisten en la continuidad del paro.
El balance, por ahora, es de heridas profundas en el tejido social, con la confirmación de nuevas víctimas, la persistente militarización de puntos estratégicos y la ruptura entre dirigencias y bases colocan a Ecuador en un período de alta volatilidad. Para bajar la tensión, actores sociales, observadores internacionales y buena parte de la opinión pública reclaman una investigación independiente sobre los hechos recientes, la garantía de medidas humanitarias y la apertura de un proceso de diálogo que parta desde las comunidades, con transparencia y supervisión externa, condiciones que, según las bases, son imprescindibles para que cualquier fin del paro sea legítimo y duradero.