Este 16 de octubre, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, solicitó el archivo de la investigación por presunto tráfico de influencias contra el presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi. La denuncia había sido presentada por el excandidato presidencial Yaku Pérez el 26 de agosto, señalando que la empresa minera Dundee Precious Metals (DPM) otorgó donaciones a la fundación liderada por Valbonesi, coincidiendo con reuniones del presidente con directivos de la compañía en Toronto.
Alarcón asumió el cargo el 3 de octubre, reemplazando a Wilson Toainga, y en menos de dos semanas solicitó el archivo del caso. La solicitud fue presentada el 8 de octubre y registrada en la Corte Nacional de Justicia el 13 del mismo mes. La jueza Daniella Camacho, encargada del caso, aún no ha emitido una resolución.
Pérez expresó su sorpresa y desconfianza ante la rapidez del proceso, calificándolo de «burla a la justicia» y cuestionando la falta de notificación oficial. Además, señaló que la Fiscalía no atendió sus solicitudes de diligencias, como la obtención de información de la UAFE y la Contraloría, ni la pericia de videos eliminados por Valbonesi.
La decisión de Alarcón ha generado críticas de sectores opositores, que acusan al fiscal de actuar en favor del Gobierno. Se recuerda que Alarcón también maneja casos sensibles como el denominado «Caso Nene» y el expediente «Triple A», que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
El caso Loma Larga, que motivó la denuncia, ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales y sociales. El Gobierno suspendió la licencia ambiental tras protestas en Cuenca, pero la investigación sobre posibles irregularidades sigue siendo un tema de debate público.
La solicitud de archivo por parte de Alarcón ha reavivado el debate sobre la independencia de la Fiscalía y la influencia del poder político en la justicia. Organizaciones sociales y políticas exigen una investigación imparcial y la transparencia en el manejo de casos que involucran a altos funcionarios. La situación pone de manifiesto la tensión entre la institucionalidad judicial y la percepción pública de posibles conflictos de interés, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado.