Este miércoles 15 de octubre, la Conaie confirmó el fallecimiento de José Alberto Guamán Izama, comunero kichwa de 30 años, quien fue herido por un disparo en el pecho durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas estatales en Otavalo, provincia de Imbabura.
Según el organismo indígena, Guamán fue atendido en hospitales locales y trasladado a Quito, donde finalmente falleció. Su muerte representa la tercera registrada durante el paro nacional iniciado hace semanas, después de los casos de Efraín Fuérez, comunero fallecido en Cotacachi el 28 de septiembre, y Rosa Elena Paqui, una mujer kichwa de Saraguro, que según denuncias sucumbió por un paro cardiorrespiratorio atribuido al uso de gases lacrimógenos.
El anuncio de la muerte de Guamán generó indignación inmediata: en Quito, Cuenca, Guayaquil y en comunidades indígenas se convocaron concentraciones, protestas y cierres de carreteras exigiendo justicia. Líderes sociales y organizaciones de derechos humanos reclamaron que ningún operativo represivo continúe sin supervisión externa e imparcial.
Desde organismos internacionales hasta medios regionales han pedido que se garantice la investigación independiente, sin interferencia del poder político ni militar, para establecer responsabilidades sobre las muertes en el marco de las manifestaciones. Asimismo, se exige la instalación urgente de una mesa de diálogo con presencia de las comunidades movilizadas.
La muerte de José Alberto Guamán ofrece un foco concreto al conflicto, por ser un nombre y un rostro que se suman al clamor nacional. La exigencia de esclarecimiento, sanción y garantías para manifestantes pone a prueba las instituciones ecuatorianas en medio de la crisis política y social más profunda de los últimos años.