Varios jueces ecuatorianos ordenaron esta semana el desbloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a organizaciones sociales y dirigentes que habían sido inmovilizadas en el marco del paro nacional de septiembre, en una serie de resoluciones que se emitieron entre el 5 y el 7 de noviembre de 2025 y que reabrieron el debate sobre el uso de información reservada en las investigaciones.
El primer fallo se conoció el 5 de noviembre, cuando un juez en Quito dictó el descongelamiento inmediato de las cuentas de al menos tres fundaciones —entre ellas Alianza Ceibo, Udapt y Pakkiru— cuyas cuentas se habían bloqueado en el contexto de las movilizaciones; la decisión se adoptó tras una audiencia en la que los representantes legales de las organizaciones sostuvieron que la medida carecía de sustento jurídico.
Al día siguiente, otra resolución amplió el número de beneficiados, en donde un tribunal ordenó la liberación de fondos de 16 personas naturales y jurídicas —incluidas organizaciones regionales y liderazgos vinculados al movimiento indígena, señalando que la inmovilización se había mantenido desde el 16 de septiembre y que debía revisarse su fundamentación. Las organizaciones afectadas alegaron que no recibieron notificaciones formales ni se les explicó el respaldo probatorio para el congelamiento.
En paralelo, una Unidad Especializada de la Fiscalía y jueces de la Unidad Anticorrupción emitieron órdenes similares que, en conjunto, llegaron a beneficiar a 19 organizaciones sociales según reportes periodísticos y comunicados de las agrupaciones, lo que refleja que la decisión no fue un hecho aislado sino parte de una reacción judicial que favoreció la revisión de las medidas adoptadas durante y después del paro.
Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y observadores internacionales interpretaron las resoluciones como una advertencia sobre la transparencia y la proporcionalidad en el uso de medidas cautelares financieras. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que decisiones basadas en “información clasificada” ponen en riesgo el trabajo de la sociedad civil y el derecho a la defensa, y pidió garantizar que las medidas se ajusten al debido proceso.
El Gobierno, por su parte, insistió en señalar que el congelamiento de cuentas responde a decisiones judiciales o a indagaciones fiscales y que el Ejecutivo no dictó de forma directa esas medidas, aunque reconoció la necesidad de transparencia en los procedimientos y la importancia de que las investigaciones respeten garantías procesales. Mientras tanto, las organizaciones afectadas celebraron las decisiones judiciales y reclamaron explicaciones sobre por qué les fue negado el acceso a recursos durante semanas.