La Fiscalía de Montecristi fue atacada a tiros en la madrugada de este viernes 7 de noviembre; en donde un sujeto encapuchado se acercó a la sede, disparó contra la fachada y dejó panfletos con amenazas dirigidas a uno de los fiscales que trabaja en la jurisdicción.
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y por videos que circularon rápidamente en redes sociales, en los que se observa al agresor llegar, disparar varias veces y retirarse del lugar. En la entrada al lugar quedaron al menos cuatro impactos de bala visibles, según el recuento de peritos que inspeccionaron la escena, empero, no se reportaron heridos.
Los panfletos incautados contenían amenazas explícitas contra el fiscal Washington Llaranga, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, que calificó el hecho como un “claro intento de amedrentamiento” destinado a obstaculizar el trabajo profesional. La institución anunció la apertura de una investigación previa de oficio para identificar a los responsables.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron el edificio y los peritos de Criminalística levantaron evidencias; a la par, la Fiscalía activó los protocolos de seguridad para proteger al personal y solicitó al Ministerio del Interior reforzar la custodia en Montecristi. Las diligencias incluyeron la recolección de registros audiovisuales y el testimonio de testigos que alertaron por la madrugada.
El suceso se produce en un contexto de creciente violencia en la provincia de Manabí, donde en las últimas semanas y meses se han registrado ataques y amenazas contra operadores de justicia; además, dos fiscales de Montecristi habían abandonado sus cargos hace cerca de dos meses por razones de seguridad, lo que adicionó preocupación sobre la estabilidad institucional en la zona.
Autoridades locales y representantes de la Fiscalía condenaron el atentado y lo calificaron como un ataque directo a la administración de justicia; fiscales y colectivos ciudadanos exigieron una investigación “rápida y rigurosa” y garantías para el ejercicio seguro de la persecución penal, mientras que vecinos y comerciantes expresaron alarma por la escalada de intimidaciones.