La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio plazo al Estado ecuatoriano hasta el 15 de noviembre para entregar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas en Ecuador en el contexto de la militarización. Los familiares de las víctimas denuncian la lentitud de los procesos investigativos y acusan al Ministerio de Defensa de declarar confidencial la información relacionada con los operativos militares.
En el documento enviado, el organismo internacional solicita a las autoridades que: indiquen el paradero de los desaparecidos y remitan información detallada de las gestiones de búsqueda; precisen las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad de los familiares; y, por último, proporcionen información sobre la investigación y sus posibles resultados.
Esta petición se enmarca en una medida cautelar otorgada por la CIDH a favor de 22 familias representadas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE).
Entre los casos se encuentra el de Dave Loor, de 20 años, quien desapareció junto a Juan Santillán, de 27, tras ser detenidos por una patrulla militar el 26 de agosto de 2024 en la provincia de Los Ríos. Según la tía de Dave, testigos que lograron escapar del operativo y luego declararon ante la Fiscalía relataron los hechos vividos por los jóvenes a manos de los uniformados.
Fernando Bastias, abogado del CDH-GYE, recordó que “nuestra constitución, artículo 18 numeral 2, prohíbe a las instituciones públicas negarse a entregar información cuando se trate sobre temas de violaciones a derechos humanos”.
Finalmente, un informe de Amnistía Internacional publicado este año ya había recogido estos casos. De acuerdo con datos de la Fiscalía, desde 2023 se registran 43 personas víctimas de desaparición forzada en Ecuador.