La mañana de este viernes 23 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional decidió no admitir la solicitud de juicio político presentada por el legislador Luis Fernando Molina contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), al identificar serias falencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos de validez, por segunda vez.
Esta decisión se tomó luego de revisar el informe emitido por la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), relacionado con el trámite impulsado contra los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.
En la etapa de verificación, se estableció que el pedido no incluía la firma electrónica del proponente Luis Fernando Molina en el documento principal, ya que esta constaba únicamente en un memorando del Departamento de Talento Humano (DTS).
El examen técnico concluyó que, de las 46 firmas entregadas, 15 fueron declaradas inválidas debido a fallas en la integridad electrónica, comprobadas mediante las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data. Además, se detectó la ausencia de principalización en uno de los registros y falta de respaldo suficiente, pues solo se validaron 30 firmas, sin alcanzar el respaldo mínimo de una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional.
El CAL, integrado mayoritariamente por ADN, ya había inadmitido anteriormente una solicitud de juicio político contra los consejeros por problemas similares en las firmas. En esa ocasión, la oposición sostuvo que el Gobierno busca dilatar el proceso para impedir la fiscalización a los vocales, cuestionados por la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.