El Concejo Municipal de Guayaquil, encabezado por el alcalde Aquiles Alvarez, aprobó dos ordenanzas orientadas a actualizar la administración municipal y elevar el bienestar ciudadano: una destinada a acelerar la extinción del patrimonio familiar en terrenos regularizados por el Municipio y otra enfocada en la actualización del Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón.
En primer debate, el Concejo avanzó con el proyecto de Ordenanza de Extinción del Patrimonio Familiar Constituido en las Legalizaciones de Terrenos Efectuadas por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, cuyo objetivo es terminar con trámites administrativos extensos y complejos que han afectado a numerosas familias por varios años.
La concejala Emily Vera indicó que, durante más de 30 años, el Municipio incorporó de manera obligatoria el patrimonio familiar en los procesos de legalización de terrenos para prevenir el tráfico de tierras. No obstante, esta disposición generó restricciones sobre la propiedad y procedimientos prolongados para quienes buscaban eliminar dicho gravamen.
La normativa propone un procedimiento más ágil y articulado con las notarías, suprimiendo cargas innecesarias y reduciendo los plazos, lo que facilitará a las familias completar el trámite con mayor rapidez. Entre sus ventajas constan la coordinación entre instituciones, la disminución de la burocracia, la simplificación de procesos y el traslado de la verificación de requisitos al Registro de la Propiedad.
El burgomaestre apoyó la propuesta y enfatizó que la reforma apunta a eliminar la “tramitología prehistórica” y posibles demoras intencionales. Precisó que la ordenanza establece una precalificación de la autorización municipal, lo que permite a los notarios atender directamente las solicitudes sin intermediarios.
En segundo debate, el Concejo aprobó la Ordenanza Sustitutiva que Regula y Actualiza la Conformación, Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Guayaquil, la cual sustituye una normativa vigente desde hace diez años.
La vicealcaldesa Tatiana Coronel, presidenta delegada del Consejo de Protección de Derechos, señaló que la reforma era indispensable para precisar la estructura del sistema, las atribuciones de sus organismos y el funcionamiento del Consejo, además de reforzar la participación ciudadana mediante la creación de consejos consultivos.
Finalmente, el alcalde Aquiles Alvarez también respaldó esta actualización y resaltó el aumento del presupuesto destinado a la protección integral de derechos. “Hemos trabajado duro por la protección integral de derechos. Este año se aumentó el presupuesto considerablemente en un valor un poco mayor de 500 mil dólares porque entendemos que lo que más se necesita es este tipo de acciones para buscar prevenir muchísimas situaciones complicadas”, concluyó