El proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), propuesto por el Gobierno Nacional y que se debate en la Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea, sigue generando críticas y cuestionamientos de varias autoridades seccionales y actores políticos del país.
Con esta iniciativa, el Gobierno obligaría a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión en obra pública, priorizando agua potable, alcantarillado y vialidad.
Hoy, en su enlace radial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mencionó que dicha reforma significaría una afectación de USD 80 millones del presupuesto de Guayaquil, lo que impactaría directamente en proyectos de infraestructura y servicios básicos.
“Lo escuché al señor (Enrique) Herrería (secretario jurídico de la Presidencia), él lidera esta ley que pretenden pasar en la Asamblea y quiere meter a todos los municipios en el mismo saco. Y dice que hay municipios que el 90% del presupuesto lo gastan en roles de pago, bueno, enfóquese en esos municipios”, indicó.
Álvarez dijo que, en 2023, cuando empezó su gestión, halló un Cabildo «desordenado» con un 30% del presupuesto municipal destinado a gasto corriente y el 70% restante a una supuesta inversión “que no la vimos”. En la actualidad, acotó, el 85% del presupuesto del Municipio va a inversión en obra pública, y el 15% restante a gasto corriente.
“Es chistosísimo pretender quitarles recursos a los GAD cuando los únicos que hacen obras en el país son los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, enfatizó.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, manifestó que, con dicha reforma al Cootad, el Gobierno Nacional intenta meterle la mano a más del 30% de las asignaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, violando abiertamente la Constitución en más de 8 artículos.
“La violación principal es porque constriñe la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que quiere el Gobierno es apropiarse de los recursos de los municipios y de las prefecturas para rellenar ese déficit fiscal que tiene y que no lo han podido financiar de una manera adecuada”, señaló.
También cuestionó la posición de la presidenta de la Asociación de Municipales del Ecuador (AME), quien en su comparecencia ante la Comisión del Desarrollo Económico trató de justificar la deuda de más de USD 600 millones que mantiene el Gobierno con los municipios “y que sumarían más de USD 1.000 millones al resto de los GAD”.
Foto Cortesía