La preocupación crece entre las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), calificado como urgente en materia económica, y que fue enviado por el Ejecutivo.
Dicha iniciativa legal, que se analiza en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, de ser aprobada, generaría un grave retroceso en la autonomía y la sostenibilidad financiera de los GAD.
El presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) Pichincha, Andrei Iza Romero, manifestó que la autonomía y descentralización de dichas entidades están en riesgo con la propuesta de reforma al Cootad.
Tildó a dichas reformas como inconstitucionales, irracionales e, incluso, inhumanas. En el caso de los gobiernos parroquiales, al dar cumplimiento con esta nueva regla, tendrían que eliminar partidas, como, por ejemplo, la 73.06, que se utiliza para contratar estudios, servicios de investigación y técnicos especializados.
“Partidas en donde se encuentran todos los funcionarios que dan atención a los grupos vulnerables, escuelas deportivas, personas con discapacidad (…) y pone en riesgo la estabilidad laboral del personal operativo y apoyo administrativo que se encuentran que se encuentran dentro de las partidas de inversión», indicó.
Mencionó que la amenaza de esta reforma va más allá, ya que, al no cumplir con esta propuesta, a los gobiernos parroquiales se les estaría disminuyendo sus presupuestos.
“Los ingresos permanentes que equivalen al 21% y los no permanentes, el 10%, se transformarían y se proyectarían, bajo el no cumplimiento, en el 15% y el 5%, es decir, aproximadamente USD 57,2 millones menos en los presupuestos parroquiales a nivel nacional”, enfatizó.
Hace pocos días, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mencionó que de aprobarse dicha reforma Guayaquil dejaría de percibir USD 80 millones en su presupuesto, lo que impactaría directamente en proyectos de infraestructura y servicios básicos.
Por su parte, el alcalde de Nobol y expresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, calificó la iniciativa como una “trampa” que busca generar liquidez para el Gobierno central a costa de los gobiernos seccionales.
“Resulta paradójico que el Gobierno central adeude recursos y al mismo tiempo exija obras que, en muchos casos, los propios GAD terminan ejecutando”, indicó.
Mientras que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón dijo que el actual Cootad establece que las asignaciones a los GAD deben ser previsibles, automáticas y directas, por lo que cualquier condicionamiento atentaría contra la estabilidad presupuestaria y financiera de dichas entidades. “Sin gobiernos autónomos, las comunidades sufrirán la falta de acceso a servicios básicos y sociales”.
En su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, Clemente Bravo, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), presentó observaciones al articulado, en especial sobre la regla de asignación mínima prioritaria del gasto, solicitando que se reformule su redacción para evitar que se bloqueen proyectos de inversión que requieren la contratación de personal para su ejecución.
Solicitó que se analice con mayor detalle el régimen de sanciones por incumplimiento, considerando las realidades territoriales, la estructura del personal existente y los compromisos laborales vigentes.
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