Antes de las 01:00 de este miércoles 11 de febrero, en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción, en Quito, se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de los otros 10 procesados dentro del denominado caso Goleada.
En dicho proceso se investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El agente Dennys Villavicencio, a cargo de la investigación, dio a conocer los indicios recabados en la indagación previa. Tras ello, el fiscal solicitó al juez Jairo García la prisión preventiva para 10 de los 11 procesados, incluyendo al alcalde de Guayaquil y a sus hermanos Antonio y Xavier. Además, pidió el congelamiento de las cuentas bancarias.
Para la undécima persona solicitó arresto domiciliario, por tratarse de una persona de la tercera edad.
En su cuenta de X, la Fiscalía informó que motivó su pedido en la «necesidad de neutralizar riesgos procesales», pues se investiga un ‘entramado societario complejo’ que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible».
Ramiro García, abogado de Alvarez, manifestó que el Fiscal del caso “Goleada” expone los hechos que supuestamente constituirían delincuencia organizada y lavado de activos.
“Son exactamente los mismos del caso Triple A a los que hoy se les ha puesto un nuevo membrete. Se nota que no tiene idea de comercialización de combustibles”, indicó.
El expresidente Rafael Correa mencionó que el “juez” que lleva el caso “ya fue amenazado en la madrugada. ¿Justificación de lo que va a hacer? No, tan solo explicación sin valor moral. Un verdadero juez debe cumplir con su deber a cualquier costo. Si no, lo éticamente correcto es renunciar”.
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