La Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó, por unanimidad, el informe motivado de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con dicho proceso.
En sus conclusiones, la Comisión determinó que Godoy es responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial.
En los documentos presentados por su defensa, evidenciaron que Godoy conocía la gravedad de la situación en la justicia, pero optó por respuestas administrativas rutinarias, eludiendo su deber de liderazgo y coordinación efectiva, lo que demuestra una clara inoperancia en el ejercicio de sus funciones.
El informe también permitió establecer que las acciones adoptadas por Godoy en el caso del juez Carlos Serrano fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia.
“Por ello, la censura y destitución se consideran necesarias frente a una gestión que priorizó el papeleo sobre la protección real de quienes administran justicia”, subrayó el informe de la Comisión.
Ferdinan Álvarez, presidente de dicho órgano legislativo, señaló que este caso se desarrolló con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, destacando el rigor jurídico del trabajo realizado.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, mencionó que l aprobación del informe de enjuiciamiento político contra Mario Godoy fue por la presión de un país que ya no tolera impunidad ni que el narcotráfico siga contaminando la justicia.
“Mario Godoy se tiene que ir y se irá por presionar a jueces e intentar favorecer a narcotraficantes. El país ya vio quiénes defendemos a la gente y quiénes intentaron sostenerlo, aún poniendo en riesgo la seguridad nacional”, señaló.
Por su parte, el legislador Franklin Samaniego dijo que los asambleístas de ADN cambiaron de posición no por transparencia ni por respeto al país, sino porque las pruebas eran irrefutables y el costo político insostenible.
“Nadie es ingenuo, cuando el oficialismo calla, es porque ya está negociando. Sabemos muy bien lo que está en juego y mientras permiten que avance el juicio, ya se estaría tramando el siguiente movimiento para mantener el control de la justicia, maniobrarla y manosearla a conveniencia del poder”, enfatizó.
Foto Cortesía