El grupo cree que esta sugerencia no aumenta la protección del medio ambiente frente a más proyectos extractivos. Por esta razón, se presentarán ante la Corte Constitucional.
Yasunidos, el grupo ambientalista, comunicó una denuncia de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería y Energía. Esta ley fue remitida por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente y fue ratificada en la Asamblea Nacional por la bancada de ADN el jueves 26 de febrero.
De acuerdo con Yasunidos, esta propuesta «busca proteger y acelerar la expansión de actividades de gran impacto». En un país megadiverso “marcado por conflictos socioambientales», esto supondría «una presión adicional sobre ecosistemas andinos y amazónicos, fuentes de agua y territorios frágiles».
Además, indica que si se brindan más incentivos y facilidades para el extractivismo, las protecciones medioambientales también deben aumentar. No hacerlo «facilita decisiones apresuradas, menos supervisión de los ciudadanos y más conflictos, que son precisamente el caldo de cultivo de la ilegalidad que se dice combatir».
Una vez sea publicada en el Registro Oficial, Yasunidos tendrá la posibilidad de presentar una demanda contra esta Ley. El presidente Daniel Noboa tiene que aprobarla para eso.
¿Qué contempla la Ley de Minería y Energía?
Uno de los principales cambios es el cambio de la Licencia Ambiental, vigente desde hace 16 años, por una Autorización Ambiental, según el riesgo de la actividad.
Los críticos temen que esto genere mayores riesgos en el cuidado del medioambiente. Algo que el oficialismo negó, para ellos, esto evita demoras y duplicidad de trámites.
La ley también contempla la declaratoria de áreas mineras con protección y seguridad de las Fuerzas Armadas en donde haya presencia de grupos criminales.
El artículo número 29, que trataba sobre una posible reducción de las regalías petroleras en la región amazónica, no obtuvo apoyo y, por lo tanto, no fue aprobado; ni siquiera los miembros de ADN lo apoyaron.
Asimismo, existen reformas en el sector eléctrico que permiten otorgar proyectos al sector privado en circunstancias excepcionales cuando no hay recursos estatales para invertir.