Bajo el cumplimiento de un dictamen judicial, el Ministerio de Educación Superior procedió con la invalidación de 2.708 títulos emitidos por la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival), situada en Nicaragua. Dicha resolución priva a numerosos alumnos de validación académica en Ecuador, restringiendo sus alternativas para resarcir los gastos efectuados en su formación. La postura institucional determina que, al carecer la entidad educativa de una acreditación legítima, resulta inviable la inscripción de los diplomas.
El 10 de febrero de 2026, la Sala Laboral de la Corte Provincial del Guayas aceptó el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría y la entidad demandada (extinta Senescyt). Mediante este fallo, se revocó la sentencia previa y se denegó la acción de protección de 500 estudiantes que solicitaban el registro de sus grados.
El órgano judicial resolvió que no existió una violación a las garantías constitucionales alegadas por los recurrentes. Se precisó que el inconveniente es de índole administrativa, derivado de la omisión de los preceptos legales para la inscripción de títulos del exterior. El caso se encuentra ligado a un requisito central: la universidad extranjera debe contar con acreditación vigente en su país de origen. Sin ese aval, el Estado ecuatoriano no puede registrar títulos.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Edison Guarango, tal condición ha permanecido invariable en el ordenamiento jurídico. El experto señala que, si bien Ecuador acata el marco legal del país emisor, es imperativo que la organización cuente con reconocimiento oficial. En lo que respecta a Unival, las certificaciones otorgadas hasta 2021 lograron registrarse, pero anomalías posteriores y la carencia de aval bloquearon la validación de promociones recientes.
La problemática se agudizó tras la clausura de la universidad por parte del Gobierno de Nicaragua en 2022. Los organismos de control identificaron discrepancias en la propuesta académica, planes de estudio no autorizados y deficiencias en la administración interna. Asimismo, se reportaron recaudaciones irregulares y opacidad en los procesos, factores que provocaron la extinción de su personería jurídica y el cese de sus funciones.
Finalmente, con respecto al ámbito internacional, los estudiantes pueden iniciar con acciones legales en Nicaragua. Dentro de estas pueden incluirse posibles denuncias por estafa o procedimientos administrativos, dependiendo de la legislación de esa nación. A pesar de esto, surgen obstáculos de jurisdicción. Determinar dónde se cometió el posible delito, si en Ecuador o Nicaragua, complica cualquier proceso judicial.