Mediante un comunicado, expertos en derechos humanos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron su profunda preocupación por informes creíbles que describen un «rápido deterioro del espacio cívico» que afectan a los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos en Ecuador.
Las denuncias incluyen el uso excesivo y, en ocasiones, letal de la fuerza en el contexto de protestas, con manifestantes y líderes siendo perseguidos, detenidos arbitrariamente y acusados de terrorismo.
«Los pueblos indígenas son esenciales para la estabilidad y el futuro económico de Ecuador. Las autoridades deben garantizar con urgencia la rendición de cuentas por cualquier uso excesivo de la fuerza y actos de persecución, y crear condiciones para un diálogo inclusivo», indicaron el viernes 27 de marzo, los expertos.
Según los informes, las comunidades han sido militarizadas y las cuentas bancarias de organizaciones indígenas y de la sociedad civil han sido congeladas. También se han documentado fallas en el debido proceso judicial, incluida la falta de defensa legal e interpretación para las personas indígenas detenidas.
Los expertos también mostraron su alarma por información que indica que proyectos extractivos están avanzando en territorios de pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
En este contexto, recordaron que el pleno respeto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es «una herramienta valiosa para fomentar la reconciliación y la colaboración entre los Pueblos Indígenas y los Estados».
Por ello, los expertos instaron al Estado ecuatoriano a respetar las normas internacionales en materia de derechos a la libertad y seguridad personal, y los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión. Pidieron investigaciones rápidas, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones.
«La sociedad civil, los defensores de derechos humanos y el liderazgo indígena, incluidas las mujeres líderes, deben poder actuar libres de persecución, criminalización y represalias», señalaron.
Además, los expertos desean mantener un diálogo con el Gobierno sobre los problemas que afectan los derechos de los pueblos indígenas en un país que «alguna vez fue considerado un referente en la región en materia de derechos” de este sector de la sociedad.
Foto Cortesía