La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional oficializó este 26 de mayo de 2026 un nuevo pedido de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La iniciativa es encabezada por los legisladores Blasco Luna y Lenin Barreto, quienes sostienen que existieron presuntas anomalías y un supuesto perjuicio económico en los contratos de generación eléctrica suscritos con la empresa Progen.
Acusaciones de millonarias pérdidas y equipos inservibles
De acuerdo con lo expuesto por los asambleístas el 27 de mayo de 2026, el caso habría ocasionado pérdidas superiores a los USD 100 millones para el Estado. Blasco Luna aseguró que los equipos contratados eran “chatarra” y que no aportaron soluciones a la crisis energética del país.
Asimismo, señaló a Inés Manzano como pieza clave dentro de la presunta trama de corrupción, afirmando que autorizó desembolsos adicionales en junio de 2025 pese a que anteriormente había expresado dudas sobre el paradero de los equipos adquiridos. Luna indicó además que disponen de un informe de la Contraloría General del Estado que revelaría posibles responsabilidades penales.
Por otro lado, Lenin Barreto denunció un supuesto intento de sectores de la Asamblea por proteger al gobierno de Daniel Noboa e impedir que el caso Progen sea investigado. Según afirmó, hubo obstáculos en la Comisión de Garantías Constitucionales y negativas a sus pedidos para modificar el orden del día en el Pleno.
La RC también relaciona estas presuntas irregularidades con la crisis eléctrica que afectó al país en 2024, cuando se registraron cortes de energía de hasta 14 horas diarias. Los legisladores calculan que las pérdidas económicas para la ciudadanía y el sector productivo oscilarían entre USD 3.500 y USD 7.500 millones.
Reacciones desde el oficialismo
Desde el movimiento oficialista ADN, la asambleísta Diana Jácome calificó el pedido como un “espectáculo político” y pidió que la Asamblea priorice proyectos legislativos que beneficien al país. Sin embargo, la Revolución Ciudadana afirmó contar con más de 40 firmas físicas de respaldo para evitar posibles trabas en el trámite.
Ahora, el caso deberá ser revisado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo encargado de verificar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. Los proponentes recordaron que un intento anterior de juicio político contra Manzano fue rechazado en octubre de 2025.