Cuando una emergencia médica, una deuda urgente o la necesidad de invertir en un pequeño negocio aparecen de forma inesperada, muchas personas en Ecuador encuentran una salida rápida fuera del sistema financiero formal: el chulco. La facilidad para obtener dinero, sin mayores trámites, sin revisión del historial crediticio y, en algunos casos, únicamente con la firma de una letra de cambio en blanco, ha convertido esta práctica en una opción para quienes no logran acceder a un crédito bancario.
Sin embargo, detrás de esa aparente solución inmediata se esconde una actividad ilegal que continúa creciendo en el país y que, para muchas familias, termina convirtiéndose en un problema económico y social de gran magnitud.
Un delito que sigue en aumento
La usura, conocida popularmente como chulco, está tipificada como delito en la legislación ecuatoriana. A pesar de ello, su presencia es cada vez más visible en mercados, barrios y espacios públicos, donde abundan anuncios que ofrecen préstamos «sin requisitos» o «dinero inmediato».
Entre 2021 y 2025, la Fiscalía General del Estado registró 1.385 denuncias por usura, con un incremento anual cercano al 80%. Hasta junio de 2026 ya se contabilizaban 124 denuncias. Tungurahua lidera los reportes con 28 casos, seguida por Pichincha con 26 y Guayas con 15.
No obstante, especialistas consideran que estas cifras representan solo una parte del problema, ya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a amenazas o represalias.
La exclusión financiera impulsa el problema
Expertos coinciden en que el crecimiento del chulco no responde únicamente a la actividad de los prestamistas ilegales, sino también a las dificultades que enfrentan miles de ciudadanos para acceder a financiamiento formal.
En los últimos años, bancos y cooperativas han incrementado los requisitos para otorgar créditos. Además de demostrar ingresos, muchas entidades solicitan estabilidad laboral, un buen historial crediticio, declaraciones tributarias al día y, en algunos casos, planes de negocio para pequeños emprendedores.
Según el abogado Robinson Hidalgo, este escenario deja fuera del sistema financiero a personas que trabajan en la informalidad o necesitan recursos con urgencia, generando un espacio que es aprovechado por los prestamistas ilegales.
Datos de Equifax muestran que el 71,8% de los préstamos informales corresponde a montos menores a USD 500. Asimismo, el 52,7% de quienes recurren a este tipo de financiamiento son mujeres jefas de hogar y el 60% afirma que preferiría acceder a un crédito formal si tuviera esa posibilidad.
Cómo operan los prestamistas ilegales
El funcionamiento del chulco mantiene un esquema similar desde hace varios años. Los prestamistas ofrecen dinero de entrega inmediata en mercados, sectores comerciales, barrios populares e incluso mediante redes sociales.
Para entregar el préstamo suelen exigir la firma de letras de cambio en blanco, cheques u otros documentos que posteriormente utilizan como garantía.
Una vez recibido el dinero, comienzan los cobros diarios o semanales. En numerosos casos, los recaudadores visitan personalmente los negocios para retirar las cuotas pactadas.
Cuando el deudor deja de pagar, pueden aparecer llamadas intimidatorias, presiones constantes e incluso acciones judiciales utilizando los documentos previamente firmados. En situaciones más graves, las personas afectadas llegan a perder bienes entregados como respaldo.
Intereses que multiplican la deuda
Aunque los montos iniciales suelen ser bajos, los intereses aplicados por los chulqueros son considerablemente superiores a los del sistema financiero formal.
Estudios citados sobre este fenómeno indican que la tasa promedio alcanza el 3,44% diario, equivalente al 103% mensual y alrededor del 1.238% anual.
En términos prácticos, un préstamo de USD 100 puede representar pagos diarios de aproximadamente USD 4, cifra que aumenta rápidamente cuando existen retrasos debido a penalidades adicionales.
En contraste, para enero de 2026 la tasa máxima para microcrédito minorista autorizada dentro del sistema financiero formal era del 28,23% anual.
La realidad detrás de las estadísticas
Detrás de los números existen historias de personas que recurrieron al chulco como última alternativa.
Ese es el caso de Paola, comerciante y madre de dos hijos, quien solicitó un préstamo de USD 500 para cubrir una necesidad económica urgente. Desde entonces mantiene obligaciones permanentes con prestamistas informales y asegura que las presiones para cumplir con los pagos forman parte de su rutina diaria.
Impacto sobre la economía formal
El crecimiento del crédito informal también genera efectos sobre el sistema financiero legal. Al operar fuera de la supervisión estatal, estos recursos no pagan impuestos, no registran operaciones ni permiten conocer el origen del dinero utilizado para los préstamos.
El economista Carlos Machado advierte que este tipo de actividades puede facilitar otros delitos, como el lavado de activos, además de fortalecer redes vinculadas con la extorsión y el cobro violento.
Al mismo tiempo, bancos y cooperativas pierden la oportunidad de incorporar nuevos clientes y ampliar el acceso al crédito formal para pequeños emprendedores y trabajadores independientes.
Un delito sancionado por la ley
La normativa ecuatoriana establece que únicamente las entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos pueden realizar actividades de intermediación financiera.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la usura con penas privativas de libertad para quienes otorguen préstamos con intereses superiores a los permitidos por la ley, así como para quienes intenten encubrir estas operaciones mediante otros mecanismos contractuales.
Además, la legislación prohíbe que personas naturales o jurídicas sin autorización capten recursos del público o desarrollen actividades reservadas al sistema financiero nacional.
Un desafío que va más allá del control policial
Especialistas consideran que enfrentar el chulco requiere no solo acciones judiciales y operativos de control, sino también políticas orientadas a ampliar el acceso al crédito responsable.
Mientras una parte importante de la población continúe excluida del sistema financiero por falta de historial crediticio, empleo formal o por requisitos difíciles de cumplir, seguirá recurriendo a mecanismos informales para obtener liquidez.
Los expertos coinciden en que fortalecer la inclusión financiera, simplificar el acceso al crédito para pequeños emprendedores y promover la educación financiera son elementos fundamentales para reducir la dependencia de este tipo de préstamos ilegales y evitar que la necesidad económica continúe alimentando una actividad que opera al margen de la ley.