Cuatro policías en servicio activo fueron procesados penalmente en Quito por su presunta responsabilidad en tres delitos relacionados con un procedimiento de aprehensión ocurrido en la vía pública. La formulación de cargos fue presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Los procesados son Marco Vicente R. M., Erick Adrián P. N., Jefferson Alexander T. L. y Aníbal Johan C. C. A los cuatro se les atribuye, en calidad de presuntos autores, los delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, privación ilegal de la libertad y fraude procesal.
Los hechos investigados ocurrieron la tarde del 14 de octubre de 2024, en las inmediaciones de la calle Ramírez Dávalos y la avenida 10 de Agosto. De acuerdo con la investigación, los agentes se movilizaban en tres motocicletas cuando interceptaron a cinco personas para solicitarles sus documentos.
Durante el procedimiento, uno de los ciudadanos permaneció sentado. Según los elementos recopilados en la investigación, los policías habrían utilizado gas lacrimógeno directamente sobre su rostro en varias ocasiones, incluso mientras forcejeaban con él para colocarle las esposas.
La investigación también detectó inconsistencias entre el parte policial y los testimonios de cuatro personas que presenciaron el procedimiento, entre ellas un guardia de seguridad privada, una cuidadora de la zona azul y dos trabajadores de un establecimiento cercano.
Según el parte elaborado por los agentes, el ciudadano habría proferido insultos y lanzado un teléfono celular, hechos que supuestamente justificaban su detención por una contravención. Sin embargo, las grabaciones y declaraciones recopiladas durante la investigación señalaron que no se habría producido una conducta agresiva flagrante.
Una pericia especializada en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza concluyó que la actuación de los uniformados habría vulnerado los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos para el uso de la fuerza.
Tras la formulación de cargos, un juez de Garantías Penales dispuso una instrucción fiscal de 90 días. Como medidas cautelares, los cuatro policías tienen prohibición de salir del país y deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.