La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dio a conocer que, en Ecuador, entre enero de 2024 y octubre de 2026, se identificó a 336 personas defensoras de derechos humanos criminalizadas, que enfrentan 509 procesos judiciales, hostigamientos administrativos y otras formas de criminalización.
Del primer número, 250 son hombres y 86 mujeres inmersos en 30 casos emblemáticos. Dijo que una persona puede enfrentar hasta nueve juicios, convirtiendo la defensa de los DD.HH. en una lucha agobiante y prolongada frente al sistema punitivo ecuatoriano.
La organización indicó que, de las 336 personas identificadas, 136 corresponden a defensores de territorios que se oponen a actividades mineras, lo que representa aproximadamente el 40,5 % del total.
Entre los casos documentados se encuentran los de las comunidades campesinas de Palo Quemado y Las Naves, cuyos habitantes han protagonizado conflictos relacionados con proyectos mineros.
Según la Alianza, estas personas enfrentan acciones de criminalización vinculadas con su oposición a actividades extractivas en sus territorios.
La situación también alcanza a comunidades indígenas y campesinas que mantienen disputas por la propiedad y el control de sus tierras ancestrales.
En este grupo se identificaron 54 personas criminalizadas por defender sus territorios frente al despojo territorial.
Uno de los casos señalados es el de la comunidad kichwa ancestral Tzawata-Ila-Chukapi, cuyo presidente, Kambak Alvarado, y otros integrantes enfrentan procesos judiciales en medio de un conflicto territorial con la empresa Terraturismo.
El informe identifica a otras 79 personas vinculadas con organizaciones sociales, movimientos de defensa de la naturaleza y redes de apoyo a pueblos y nacionalidades.
Los casos se desarrollan principalmente en contextos de protesta social, iniciativas de revocatoria del mandato y defensa de derechos colectivos.
Entre las situaciones documentadas constan los bloqueos de cuentas bancarias de dirigentes sociales y organizaciones indígenas.
La Alianza menciona a organizaciones como la UNORCAC, PAKKIRU, UDAPT, Fundación Pachamama y Alianza Ceibo. A estos casos se suman 46 personas defensoras indígenas, principalmente dirigentes y dirigentas que han enfrentado acciones judiciales relacionadas con movilizaciones sociales.
Uno de los nombres incluidos es el de Gregorio Aguinda, indígena kichwa que, según la organización, fue criminalizado por terrorismo durante el paro nacional de 2025. Actualmente, de acuerdo con la información difundida, Aguinda enfrenta un juicio por el presunto delito de ataque o resistencia.
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